De repente una vivienda del barrio San José de Villa Mercedes se llenó de policías del Departamento de Homicidios, que entraban y salían. Estaban ahí no precisamente por un asesinato, tampoco por una investigación de la Justicia local sino por una que es llevada adelante en Junín, provincia de Buenos Aires, por un delito que no reconoce fronteras: estafas posiblemente en el mundo de las criptomonedas. La evidencia que les indicó a los investigadores bonaerenses que en esa casa hallarían dinero ligado a una defraudación informática pareciera, en un primer golpe de vista, estar en lo cierto. Puesto que en el lugar los efectivos encontraron 3.236.100 pesos en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y «criptoactivos» de los principales sospechosos.
La requisa, solicitada por el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Junín, fue en Venezuela al 600. Fue ejecutado por el personal a cargo del comisario Sebastián Tula y contó con la colaboración de sus pares de Cibercrimen de la Dirección General de Inteligencia Criminal (DG-2).
Aunque el dinero y los dispositivos electrónicos estaban en manos de los sospechosos, desde la Justicia de Provincia de Buenos Aires no requirieron la detención de nadie.
