La recaudación impositiva volvió a caer en enero y encendió una nueva señal de alarma en la Casa Rosada. Con una baja interanual real cercana al 8%, el sexto mes consecutivo en retroceso, los números fiscales comenzaron a reordenar prioridades y a tensionar uno de los ejes centrales del discurso oficial: la reducción de impuestos como motor de la reactivación.
En ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza postergar hasta 2028 la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas prevista en la reforma laboral. La alternativa, revelada en las últimas conversaciones con go bernadores, implica diferir la medida más allá del mandato de Javier Milei y también del de la mayoría de los jefes provinciales, que concluyen en 2027. La coincidencia de calendarios facilita un eventual acuerdo político, pero deja al descubierto la fragilidad fiscal del presente.
Hasta hace pocas semanas, en el Palacio de Hacienda se sostenía otra opción: activar la rebaja recién cuando la economía creciera al 4% anual, a modo de cláusula “gatillo”. Sin embargo, en las provincias miran con desconfianza ese planteo. Señalan que un repunte del PBI no garantiza automáticamente una mejora en la coparticipación y que, si el crecimiento se apoya en sectores con beneficios impositivos, el impacto sobre las cuentas provinciales podría ser mínimo. Para varios gobernadores, la propuesta funciona más como una estrategia para ganar tiempo que como una solución de fondo.
El impacto de la caída de ingresos ya se siente en los territorios. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés fue directo: la provincia no está en condiciones de otorgar aumentos salariales a los empleados públicos sin asistencia de la Nación. “Sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una recuperación de la recaudación federal, no hay margen para mejoras salariales”, advirtió, con un clima gremial cada vez más tenso y el inicio del ciclo lectivo como telón de fondo.
La postura del mandatario correntino resume un reclamo extendido entre los gobernadores: previsibilidad fiscal. En las provincias insisten en que cualquier modificación tributaria que afecte sus ingresos debe contemplar mecanismos claros de compensación. De lo contrario, el ajuste termina trasladándose de manera directa a salarios, servicios esenciales y obra pública.
Mientras en la Casa Rosada intentan sostener el discurso de la baja de impuestos sin exhibir una marcha atrás explícita, los números imponen límites cada vez más estrictos. La negociación por Ganancias sigue abierta, pero con una certeza compartida en Nación y provincias: con la recaudación en caída, nadie está dispuesto a resignar recursos.
