Dos prisiones preventivas, un detenido que no quiso declarar y pericias sobre miles de archivos: la causa por material de abuso sexual infantil en San Luis es un expediente complejo y denso, pero está en permanente movimiento porque convergen fiscalías especializadas, Delitos Complejos, cooperación con fuerzas federales y ahora funcionan protocolos que antes no funcionaban. Este caso muestra también otro trasfondo: el de un tejido social roto, muy roto, después de años de desprotección de la niñez en la Provincia.
La semana arrancó con cuatro allanamientos en la capital puntana. Esas medidas terminaron con tres detenidos y un cuarto sospechoso ubicado luego en La Pampa. San Luis se acopló a una operación que desplegó procedimientos en varias provincias y en el exterior. Estuvo lejos de ser un show mediático, porque la investigación mostró método con órdenes sincronizadas, equipos forenses listos y cadena de custodia bien plantada.
Así llegó la primera prisión preventiva: Gastón Nelson Salinas, 44 años, vecino del barrio Kennedy. Enseguida hubo medidas para asegurar la prueba digital y evitar cualquier alteración. Horas más tarde, la Justicia dictó una segunda preventiva: fue para Luis Eduardo Bonilla, de 72 años. Con esa detención sobrevino el secuestro de computadoras, discos y pendrives.
El inventario inicial es duro: alrededor de 2.500 archivos, 370 tipificados como abuso sexual severo. La fiscal Antonella Córdoba detalló 724 archivos compartidos vía BitTorrent. Las medidas que siguieron, por supuesto, fueron pensadas para proteger evidencia que se manipula con un clic y se borra para siempre.
El tercer detenido, Emilio Soria, un programador que ingresó al Estado provincial en 2018, evitó declarar en los tribunales porque obtuvo una prórroga de ocho días a pedido de la defensa.
La fiscal María Delia Bringas describió un patrón: descargas masivas y continuas, ciclos de diez días, tráfico permanente y almacenamiento de videos y películas.
Pero esta pesquisa no nació ayer: fuentes judiciales dijeron que tiene inicio en 2021 con reportes de un sistema de investigación estadounidense denominado Internet Crimes Against Children — Child Online Protection System (ICACCOPS). El asunto es que evolucionó cuando las direcciones IP de los domicilios permitieron vincular personas con dispositivos. Por ahora no se probó un fin económico ni producción local; Delitos Complejos busca esas respuestas en los discos duros incorporados a la causa.
El cuarto implicado en el caso, un estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, no estaba en su casa al momento del allanamiento y luego fue localizado en La Pampa. Por ahora, su situación está atada al resultado de las pericias.
La investigación no se mueve sola. La empuja una coordinación que volvió después de años de ruptura con organismos federales y nacionales. Fiscalías de Género, Juzgados de Garantías, Delitos Complejos, Red 24/7, reportes de ICACCOPS, trabajo con fuerzas federales, todo está ahora en vinculación operativa. El Gobierno provincial, además, exhibe el retorno de Gendarmería como parte de una política de cooperación sostenida.
Años de desprotección
El contraste es de etapas. En los últimos ocho años de Alberto Rodríguez Saá las infancias quedaron mucho más expuestas, no solo por lo que marcaban los índices de pobreza. También habían quedado desprotegidas por un Estado que retiró controles y una Policía perdió capacidad investigativa y de conexión con fuerzas federales frente a los delitos más complejos.
Ahora se intentan corregir los daños: coordinación entre fiscalías, policía provincial y estructuras nacionales, protocolos en marcha y un método que ordena la investigación.
La causa sigue en modo técnico. Los peritos trabajan sobre computadoras, discos y teléfonos. Buscan trazas de BitTorrent, hashes (huellas digitales de un archivo), metadatos y reconstruyen rutas de intercambio, perfiles de contactos, horarios de actividad y más direcciones IP. Si hubo cómplices, es muy probable que aparezcan en las pericias.
Pero el verdadero nudo de este expediente que tramita la Justicia no está en las noticias que se publican, sino en el salto de calidad que debe mostrar la investigación. En principio, muchas de las señales son alentadoras.
