La Unión Cívica Radical de San Luis fijó posición frente al proceso de reforma constitucional en marcha y manifestó su respaldo al proyecto presentado por el gobernador Claudio Poggi, al que definió como una oportunidad para actualizar el marco institucional de la provincia.
A través de un comunicado oficial, el partido sostuvo que “las leyes deben evolucionar al ritmo de las necesidades de los nuevos tiempos” y encuadró la iniciativa como algo más que una modificación técnica: “un compromiso ético con la transparencia, la alternancia y la modernización”.
En ese marco, la UCR detalló los principales pilares que, a su criterio, estructuran la propuesta de reforma. Entre ellos, sobresale el límite a la reelección del gobernador mediante la modificación del artículo 147, que establecería la prohibición absoluta de un nuevo mandato luego de dos períodos, sean consecutivos o alternados. Otro de los puntos destacados es la denominada “autolimitación” del actual mandatario.
El radicalismo valoró la cláusula transitoria que fija el período 2023-2027 como primer mandato de Poggi, interpretándola como un gesto político orientado a reforzar la alternancia y despejar especulaciones en torno a la reforma.
En el plano institucional, el partido puso el foco en el fortalecimiento del Poder Judicial. Señaló que la independencia del Ministerio Público y la reforma del Consejo de la Magistratura —con la incorporación del orden de mérito y el carácter vinculante frente al Poder Ejecutivo— implican una limitación concreta de las facultades del gobernador y un avance hacia mayor autonomía judicial.
La iniciativa también incorpora una mirada prospectiva al abrir el debate sobre marcos regulatorios para nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en línea con la necesidad de adaptar la Constitución a los desafíos contemporáneos.
Finalmente, la UCR respaldó la incorporación de la segunda vuelta electoral o balotaje, al considerar que permitirá dotar de mayor representatividad y legitimidad a los cargos ejecutivos en contextos de creciente complejidad política y social.
El documento lleva la firma de Juan Álvarez Pinto, presidente del Comité Ejecutivo Provincial, y de José Picco, presidente de la Convención Provincial, quienes coincidieron en que la reforma constituye “un nuevo pacto de convivencia” para todos los sanluiseños.
