La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y ayer consiguió dictamen para la reforma laboral, con la intención de convertirla en ley la próxima semana. El oficialismo busca cumplir el objetivo del presidente Javier Milei de tener sancionada la norma antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el interbloque peronista. Pese al clima de tensión, la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen cuenta con “amplia mayoría” y que será llevado al recinto el viernes próximo.
Durante la reunión se anunció que se aceptará el texto aprobado por Diputados, que eliminó el artículo 44. Ese punto establecía que el empleador debía abonar durante tres meses el 50% del salario al trabajador ausente por enfermedad o accidente, o el 75% si tenía cargas de familia. Si bien se suprimió ese artículo, el proyecto mantiene cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo: modificaciones en indemnizaciones, vacaciones, horas extras, aportes patronales para incentivar el empleo y límites al derecho de huelga en servicios considerados esenciales.
El Gobierno asegura contar con el respaldo de gobernadores aliados para garantizar la aprobación. Además, el oficialismo proyecta una doble sesión: el jueves trataría el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea; el viernes, la reforma laboral.
El debate fue áspero. Desde el peronismo hubo denuncias de supuestas irregularidades y advertencias sobre un eventual fracaso del Gobierno. Bullrich rechazó las acusaciones, calificó de “golpistas” algunas expresiones y defendió la iniciativa. También recordó que el expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en la causa por presuntas coimas vinculadas a la reforma laboral de 2000, conocida como “Ley Banelco”.
El Gobierno quiere nueva ley de financiamiento universitario
Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.
Según se pudo saber, el texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.
Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.
En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.
Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.
