Ya pasaron dos viernes atípicos en Villa de Merlo. En el Concejo Deliberante, las audiencias públicas por el nuevo plan de ordenamiento territorial —que fijará normas urbanísticas hasta 2050— reunieron a más de 40 especialistas universitarios, vecinos, ambientalistas y funcionarios que desnudaron una disputa de fondo entre dos modelos: uno orientado al desarrollo inmobiliario y turístico intensivo; otro, centrado en proteger un ecosistema serrano condicionado por la escasez de agua.
Ese debate ahora está en pausa. En la última jornada del 6 de marzo —la anterior había sido el 27 de febrero— el intendente interino Leonardo Rodríguez anunció un período de seis meses para ampliar la participación ciudadana, en respuesta a las críticas que recibió la propuesta original.
En ese período habrá espacio para talleres y presentación de propuestas, aunque en la oposición quedó flotando una nube de descreimiento: temen que sea solo el montaje de una escena antes de que el oficialismo haga valer su enorme mayoría en el Concejo, donde cuenta al menos con 7 de 10 bancas.
Un diagnóstico cuestionado
En la mañana de la primera audiencia, el ambientalista Mario Nicoletti observó que la consultora cordobesa “Estudio Estrategias”, contratada por el Municipio para la elaboración del proyecto, había diseñado un plan que “mira el mapa, pero no pisa el territorio” y advirtió que estaban marginadas instituciones clave de la región como la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad Nacional de San Luis y el Consejo Asesor de Medio Ambiente (COAMA).
Esa crítica fue repetida decenas de veces. Según los especialistas de la FTU y de la UNLC, el documento base presenta fallas de enfoque y método. El dirigente opositor Gastón Fonseca apoyó esa visión: “El diagnóstico tiene muchos datos desactualizados”, dijo, y citó a la docente investigadora de la FTU Mónica Cresmani: “Esto es como ir al médico con un análisis de hace 20 años”. Por eso, pidió que se reabra la etapa de diagnóstico, clave para la planificación.
El agua como límite
Pero el factor más alarmante expuesto en el recinto fue la profunda crisis hídrica que se vislumbra en Merlo. Los expertos advierten que es imposible planificar un crecimiento demográfico —que podría llevar a la villa a 50.000 habitantes— sin estudios hidrológicos actualizados.
Silvia Tadey, referente socioambiental, planteó el riesgo de proyectar un crecimiento infinito sobre una capacidad de carga finita: “La ingeniería de más caños no puede resolver una escasez que es geológica, física y biológica”.
¿Las sierras se tocan?
El lema “Las sierras no se tocan” fue tomado tanto por el oficialismo como por la oposición, pero con interpretaciones opuestas. Mientras el intendente interino Rodríguez y el intendente en uso de licencia Juan Álvarez Pinto anunciaron que la prohibición de urbanizar irá desde la cota 1100, los ambientalistas y profesionales recordaron que la ley provincial del Parque Presidente Perón establece la zona de amortiguación y protección estricta a partir de la cota 1000.
Las sospechas de la oposición apuntan a que flexibilizar los usos del suelo en esa franja (entre los 1000 y 1100 metros) abriría una “vía libre para el extractivismo inmobiliario”, que va a permitir megaproyectos hoteleros ya rechazados por el Concejo Deliberante.
Otro punto caliente es la propuesta oficial de “densificar” el centro para evitar que la mancha urbana siga trepando hacia las sierras. El proyecto habilita lotes más chicos y permite construcciones de entre 9 y 12 metros de altura.
Sin embargo, desde el Colegio de Arquitectos y otros sectores técnicos advirtieron que esto sobrecargará una infraestructura urbana ya deficitaria. También señalaron que esta medida podría encarecer el valor de la tierra y expulsar a residentes locales hacia la periferia.
Tensión o tregua
El clima político de las audiencias estuvo marcado por denuncias de persecución. Expositoras como Pamela Mackey recordaron meses atravesados por una supuesta hostilidad oficial, como el intento de copar la Cooperativa de Agua, o la idea de desalojar a los recicladores urbanos, o el uso de drones para mostrar emprendimientos de referentes ambientalistas.
Advertido de esos hechos, Fonseca pidió respeto institucional: “Para generar consensos hay que construir puentes, pero esos puentes no hay que romperlos… no sirven de nada los drones enviados a la propiedad de un ambientalista”.
Por su parte, el intendente interino Rodríguez defendió su plan, al que le adjudicó “una base técnica muy sólida”. Sin embargo, a modo de autocrítica, reconoció que todavía “le falta incorporar miradas sociales”. Entonces propuso una etapa de trabajo participativo con mesas técnicas y foros vecinales, en un plazo de “no más de 6 meses”, por lo que en septiembre podría llegar a sancionarse una ordenanza definitiva.
Merlo ahora está en una encrucijada porque discute qué ciudad va a ser en las próximas décadas: una más abierta a la expansión inmobiliaria o una que acepte, antes que nada, los límites ambientales que le impone su propio territorio.
La línea que define todo: 1000 o 1100 metros de altura
El conflicto central del proyecto de ordenamiento territorial en Merlo ahora está fijado en un límite de altura: la cota 1000 y la cota 1100. Ahí radica una disputa legal, ambiental y económica para saber hasta dónde se podrá urbanizar en el faldeo de las sierras. Este debate enfrenta a la legislación provincial vigente con la nueva propuesta municipal, y se puede resumir en los siguientes puntos clave:
1. Choque legal En el decreto 3220/2011 reglamentario del Parque Provincial Presidente Perón, la zona de conservación que protege los bosques nativos, las cuencas hídricas y la biodiversidad comienza en los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el proyecto de ordenamiento urbano impulsado por el Municipio propone elevar el límite de prohibición de urbanización a los 1100 metros.
2. La “franja gris” vulnerable Elevar el límite 100 metros parece poco, pero en realidad afecta una franja de cientos de hectáreas de bosque serrano de altísima fragilidad ambiental que van a quedar expuestas a la presión del desarrollo inmobiliario. Según el expositor Norberto Insaurralde (Aguitur), alterar estas cotas va a desproteger áreas esenciales para la recarga hídrica.
3. Críticas de ambientalistas, profesionales y oposición El dirigente Gastón Fonseca advirtió que flexibilizar los usos del suelo entre los 1000 y 1100 metros prepara el terreno para mega emprendimientos (algunos ya rechazados en el Concejo Deliberante) y se preguntó si en realidad se discute un plan de ordenamiento o un “plan de negocios inmobiliarios”. El Club Andino San Luis, por su parte, advirtió que flexibilizar ahora habilita a flexibilizar más adelante y varios expositores cuestionaron que el oficialismo repita el eslogan “Las sierras no se tocan”, mientras propone habilitar la urbanización en estas hectáreas protegidas.
4. Los argumentos del Municipio
– Problema jurídico: el Municipio dice que establecer prohibiciones absolutas sobre tierras que son de propiedad privada choca con el derecho constitucional a la propiedad y habilita juicios millonarios (como el llamado “Fallo Mercau”, que estuvo en el medio del debate).
– Loteos preexistentes: el oficialismo también dice que entre los 1000 y 1100 metros ya existen barrios consolidados y loteos que fueron aprobados en gestiones pasadas, a los que hay que regularizar. Para eso, hablan de restringir en lugar de prohibir, es decir, imponer restricciones costosas. Según el funcionario Francisco Leiva, esto “desalienta la inversión” especulativa.
– Expropiación: en ese contexto, el intendente en uso de licencia Juan Alvarez Pinto, en su presentación del viernes 27 de febrero, propuso la declaración de utilidad pública y la expropiación de todas las tierras por encima de la cota 1.100 en las sierras del ejido merlino.
