Javier Milei evalúa la posibilidad de llamar a un plebiscito no vinculante para hacer pasar las reformas. Tras el retroceso del proyecto el dialogo con los gobernadores está roto.
Tras la derrota en el tratamiento de la ley Bases, el presidente Javier Milei no descarta la posibilidad de convocar a una consulta popular y busca hacer pagar “el costo” del truncado proyecto a los gobernadores que no acompañaron, a los que acusó de “traidores”. En su ideal, fantasea con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.
Con la ley en segundo plano, y a pesar de las imprecisiones esbozadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la posibilidad de llamar a un plebiscito, por los pasillos de Casa Rosada revelan que la idea está y que “hay grandes chances” de que suceda. Hay quienes creen que la megaley “está muerta” y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma, pero saben que debe pasar por el Congreso que, creen, “está diseñado para trabar las cosas”.
Sobre el tema, estudian los casos testigo de América Latina: en Uruguay, cuando Luis Lacalle Pou hizo pasar una serie de reformas en 2022 vía consulta popular, y en Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.
“Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción era consulta popular”, alertó una fuente con despacho en Balcarce 50. Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión de ayer, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra.
Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén). La relación con los mandatarios provinciales se encuentra en frizada a tal punto, que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la megaley.
