Una mujer de 33 años fue imputada este martes por el presunto delito de estafa y defraudación, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción por un hecho denunciado en la localidad de Naschel.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, donde la fiscal adjunta Andrea Aguilar formuló cargos contra la acusada por una maniobra que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, habría ocasionado un perjuicio económico superior a los tres millones de pesos.
Según expuso la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en octubre de 2025, cuando la imputada y el denunciante integraban la comisión del Club Naschel Unidos. En ese contexto, la mujer habría accedido a tarjetas de crédito y documentación personal del hombre para gestionar, sin su consentimiento, un crédito a través de la plataforma Naranja X.
Siempre de acuerdo con la investigación preliminar, el dinero obtenido mediante esa operación habría sido transferido posteriormente a una cuenta de Mercado Pago vinculada a la imputada.
La conducta fue encuadrada de manera provisoria como estafa y defraudación, en calidad de autora material. La Fiscalía solicitó un plazo de 120 días para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue admitido por el juez de Garantía Nicolás Damián Coppola.
La defensa negó la acusación
Durante la audiencia, la mujer hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar. En tanto, su defensor, el abogado Esteban Bustos Bridarolli, rechazó la acusación y sostuvo que presentará pruebas para demostrar la inocencia de su representada.
Además, el letrado manifestó que el denunciante habría cometido otros delitos, entre ellos usura y robo, por lo que adelantó que realizará una presentación judicial al respecto.
Medidas de coerción
Como medidas cautelares, el juez dispuso que la imputada deberá presentarse mensualmente a firmar el libro de imputados en la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Concarán y tendrá prohibido salir de la provincia durante los próximos 120 días.
Asimismo, ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de disponer de bienes registrados a su nombre. En cambio, rechazó el pedido de inmovilizar sus cuentas bancarias al considerar que esa medida resultaba excesiva para la etapa inicial del proceso.
