La fiscalía pidió una condena de doce años de prisión para el exintendente de Las Aguadas, departamento San Martín, Ramón Ezequiel Cruz, acusado de incumplir sus deberes como funcionario público, sustraer fondos municipales y hacer desaparecer documentación contable y administrativa.
Luego de la requisitoria del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari, dispuso la apertura a juicio de la causa contra Cruz.
Según la Fiscalía, durante su gestión ingresaron más de 23,5 millones de pesos de fondos provinciales cuya utilización no pudo ser acreditada mediante rendiciones de cuentas ni documentación respaldatoria.
El imputado en esta investigación, Ramón Ezequiel Cruz, no debe confundirse con su padre, Ramón Eulogio Cruz, quien también fue intendente de Las Aguadas y también enfrenta una causa penal por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos de ese municipio. Padre e hijo son investigados en procesos judiciales independientes y por hechos correspondientes a distintos períodos de gestión.
En esta causa, el fiscal de Instrucción N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina, y la fiscal adjunta Andrea Aguilar plantearon la acusación contra Ramón Ezequiel Cruz por siete hechos vinculados con su gestión municipal entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada el 13 de octubre en los tribunales de Concarán, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi, adhirió a la acusación, la calificación legal y la pretensión punitiva.
El juez Fornasari rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa, admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio. La causa deberá tramitar ante un tribunal colegiado integrado por miembros de la Sala Penal de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, sin perjuicio de la posibilidad de que la defensa opte por un juez unipersonal.
Sin rendición de cuentas
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis, que puso en conocimiento de las autoridades judiciales presuntas irregularidades en la administración municipal durante los años 2019 y 2020.
De acuerdo con la acusación, Ramón Ezequiel Cruz, en su condición de intendente comisionado, tenía la obligación legal de presentar en forma trimestral un balance sobre la situación económica y financiera del municipio. Esa documentación debía detallar los ingresos, la inversión de los fondos públicos y los comprobantes que justificaran cada gasto.
La Fiscalía le atribuyó haber omitido deliberadamente la presentación de cinco rendiciones de cuentas consecutivas, correspondientes al último trimestre de 2019 y a los cuatro trimestres de 2020.
En total, la pericia determinó que entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron $23.572.257,26 de fondos provinciales, sin que se presentara ninguno de los cinco balances exigibles.
Además de las omisiones en las rendiciones de cuentas, la Fiscalía acusó al exintendente por el delito de peculado, al sostener que habría sustraído fondos públicos que se encontraban bajo su administración y custodia.
Según una pericia contable, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 egresaron $23.627.964,48 de una cuenta bancaria de la Municipalidad de Las Aguadas. De ese total, $23.621.044,06 fueron retirados mediante 786 cheques, equivalentes al 99,97 % de los movimientos de egreso.
La investigación determinó que los cheques examinados fueron librados sin identificar a sus beneficiarios y que no existían órdenes de pago, facturas, recibos ni documentación que permitiera verificar el destino de los fondos.
La pericia también identificó 321 cheques por $8.770.256,75 depositados en cuentas de 21 entidades bancarias. De ellos, 65 cheques por $2.551.238,53 fueron acreditados en cuentas de terceros cuyos titulares no pudieron ser identificados.
Para el Ministerio Público Fiscal, estos elementos sustentan la acusación por peculado, al considerar que los fondos egresaron de la cuenta municipal sin que pudiera acreditarse su aplicación a una finalidad pública.
Hizo desaparecer documentación
Otro hecho atribuido al exintendente está relacionado con la presunta sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de documentación contable, financiera y administrativa que se encontraba bajo su custodia.
Según la acusación, al finalizar su gestión no se encontraron balances, libros contables, órdenes de pago, facturas, recibos, inventarios ni registros que permitieran reconstruir la administración de los recursos públicos durante los períodos investigados.
Un perjuicio de casi 820 millones
La pericia contable estableció que durante el período investigado, a las arcas del municipio ingresaron $23.572.257,26 de fondos provinciales. Al actualizar ese importe mediante el Índice de Precios al Consumidor nacional, estimó su equivalencia en $819.934.018,19 a valores de julio de 2026.
La especialista señaló que, si bien fue posible determinar cuánto dinero ingresó y egresó de la cuenta municipal, no se pudo verificar su utilización debido a la ausencia de documentación respaldatoria.
Esta estimación constituye una conclusión técnico-contable cuya valoración definitiva corresponderá al tribunal que intervenga en el juicio.
