Nahuel Fernando Ojeda está en la Servicio Penitenciario de San Luis desde mayo, cuando fue detenido por agredir durante horas y horas a su pareja, a la que golpeó, hirió con un arma blanca y hasta mantuvo cautiva en su domicilio. La mañana de ayer, en una audiencia en la que la fiscalía confirmó la acusación en su contra y pidió la elevación a juicio de la causa, también conoció cuánto tiempo podría afrontar en la cárcel en el hipotético caso de que un tribunal lo condene. La fiscal Nayla Cabrera Muñoz, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, solicitó que sea sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.
El joven de 25 está acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar contexto de violencia de género”, “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia”, “amenazas” y “daños”, en concurso real.
Para sugerir ese pedido de pena la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), además, contempló como único atenuante la falta de antecedentes de Ojeda y, como agravantes, “las circunstancias de tiempo y lugar que demostraron mayor peligrosidad, el contexto de vulnerabilidad y aislamiento en el que se encontraba la víctima al momento de la ejecución de los hechos, la conducta precedente del sujeto, la existencia de vínculo personal con la víctima generado por la relación de pareja, la pluralidad de conductas desplegadas, el grado de violencia desplegado, el medio empleado para ejecutar los ilícitos endilgados, el riesgo y el daño causado para la vida y la integridad física y psicológica de la damnificada”.
Por otro lado, Cabrera Muñoz pidió la extensión del encarcelamiento preventivo del hombre, hasta la finalización del debate oral en su contra. A ese requerimiento el abogado defensor, Pascual Celdrán, planteó un recurso de revisión.
Igualmente, la jueza de Garantías 3 de Villa Mercedes, Natalia Pereyra Cardini, declaró la apertura del juicio y elevó la causa al Colegio de Magistrados y Funcionarios para que fijen la fecha de la realización del debate. Ojeda manifestó, de todas formas, su deseo de ser juzgado por un tribunal unipersonal, es decir, uno compuesto por un magistrado.
El imputado no está tras las rejas por poca cosa. Según las pruebas de la fiscalía, sometió a la mujer a una maratónica tortura de 12 horas. El ataque empezó la noche del 10 de mayo y terminó al día siguiente, porque ella logró escapar de su pareja.
La joven había asistido a un cumpleaños en el barrio La Ribera. En medio de la fiesta, le envió un video a su novio, en el que se veía un hombre al fondo. Esa sola imagen con la otra persona detrás, enervó al acusado. A tal punto que fue hasta la casa del cumpleaños, tomó a su pareja y se la llevó hasta su departamento, en un complejo de calle Suipacha.
Ojeda tiró a su novia al piso, la golpeó contra la pared y, una vez en el suelo, siguió pegándole mientras le cubría la boca para que no pudiera gritar y pedir ayuda. Cuando se encaminaron al dormitorio, el hombre volvió a lanzar a la mujer contra un placar. La amenazó y le tapó la cabeza con una almohada.
Hubo un instante en que ella logró huir, correr hasta la parte exterior del departamento. Pero de nada sirvió, su agresor la alcanzó y la encerró.
El intento fallido de escapar pareció sacarlo más de quicio. Se tornó más violento. El imputado agredió y buscó intimidar a su novia con un cuchillo. La torturó por más de doce horas, hasta que ella consiguió convencerlo de que la dejara ir hasta su domicilio, con la excusa de que regresaría más tarde.
Apenas llegó a su casa, su madre descubrió los golpes y ambas denunciaron de inmediato a Ojeda.
En una audiencia llevada a cabo a principios de agosto, en la que la defensa solicitó la excarcelación del acusado, la fiscal instructora resaltó que fueron 20 las lesiones constatadas en diferentes partes del cuerpo de la damnificada.
También recordó que el informe de evaluación de riesgo hecho por el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario concluyó que “el riesgo es altísimo” y recomendó que debe minimizarse lo máximo posible el contacto entre el acusado y la víctima.
Celdrán, por su lado, argumentó que algunas “circunstancias habían variado”. Dijo que, aunque los delitos fueron enmarcados en un contexto de violencia de género, sucedieron “en una relación tóxica”, en la que la violencia “era una conducta normalizada de ambas partes”. También señaló que no hay evidencia suficiente, que la imputación no es sólida y que estos delitos permiten una condena de ejecución en suspenso, es decir, en libertad, por lo que solicitaba su inmediata liberación.
Fundamentó, como si fuera poco, que su cliente tiene arraigo en la ciudad, es decir, que no se le cruzaría por la cabeza escapar, que no es un delincuente y que la prisión preventiva como medida le parecía excesiva. Indicó, por último, que “no hay indicios de que la víctima corra peligro” alguno si Ojeda queda en libertad.
El juez Matías Farinazzo Tempestini, que subrogada en ese momento el Juzgado de Garantías 3, de todos modos, rechazó la excarcelación pedida por Celdrán.
