Piden prisión preventiva para la pareja acusada de intentar robar una bebé en San Luis

Bárbara Yanet Zamora y Juan Andrés Pereyra están involucrados en la apropiación de una niña de ocho meses, luego de que la madre de la criatura se la entregara. Ambos continuarán detenidos por ocho días.
29 de mayo de 2026
Audiencia de formulación de cargos en el Juzgado de Garantía Nº 2. Bárbara Yanet Zamora y Juan Andrés Pereyra. Ella fue imputada por la sustracción y él, por encubrirla.

La fiscal de Género Nº 2 de San Luis, Antonella Córdoba, pidió a la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, que disponga la prisión preventiva de Bárbara Yanet Zamora y Juan Andrés Pereyra, investigados por su presunta participación en la sustracción de una bebé de ocho meses ocurrida en la capital puntana, el pasado martes 26 de mayo.

La fiscal atribuyó a Zamora el delito de sustracción de menores, mientras que a Pereyra le imputó el delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho.

Según lo expuesto por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de mayo en un merendero del barrio República. Allí, Zamora mantuvo una conversación con la madre de la niña y le manifestó que contaba con dinero para comprarle ropa a la bebé, por lo que necesitaba llevarla para realizar las compras.

De acuerdo con la acusación, la madre inicialmente habría aceptado, aunque luego cambió de decisión y dejó a la niña descansando en el lugar. Sin embargo, al regresar al interior del inmueble, advirtió que ya no se encontraba allí.

La denuncia dio inicio a un operativo de búsqueda. Durante las primeras horas de la investigación, una persona que mantenía contacto telefónico con la imputada habría informado a la denunciante que la bebé estaba en buen estado, aunque sin precisar dónde estaba. Esa comunicación se interrumpió cuando, presuntamente, Zamora apagó su teléfono celular.

A partir de entrevistas a vecinos, testimonios y distintas tareas investigativas, surgieron indicios que ubicaban a Zamora junto a la niña durante esa jornada y vinculaban su paradero con un domicilio relacionado con Juan Andrés Pereyra.

En ese marco, se realizaron rastrillajes y un seguimiento con canes a partir de prendas de la niña. Finalmente, personal policial localizó a la bebé, a Zamora y a Pereyra en una vivienda de calle Jujuy, en el barrio Kennedy, donde ambos imputados fueron detenidos.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal enumeró diversos elementos probatorios, entre ellos la denuncia inicial, testimonios, informes policiales, registros de llamadas, material fílmico y videos en los que —según la investigación— se observa a Zamora trasladando a la niña.

Respecto de Pereyra, la Fiscalía sostuvo que habría cumplido un rol funcional en los hechos al facilitar el espacio físico necesario para mantener a la niña fuera del alcance de su familia y de las autoridades durante el operativo de búsqueda.

Córdoba solicitó 120 días de prisión preventiva para ambos imputados al considerar que existen riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de afectación a la víctima, teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado y la edad de la niña.

Al fundamentar el riesgo para la víctima, Córdoba sostuvo que, más allá de los antecedentes o de los juicios de valor que pudieran existir sobre la madre —quien tendría actuaciones en el fuero de Familia vinculadas con otros hijos—, los hechos investigados debían analizarse de manera independiente. En ese sentido, remarcó que una niña de ocho meses fue apartada del cuidado materno y expuesta a condiciones incompatibles con su protección integral, por lo que consideró necesaria una medida de coerción para resguardar su integridad.

Durante la audiencia, la defensora adjunta de Niñez Nº , Belén Suárez, adhirió a la formulación de cargos, a la calificación legal propuesta por la Fiscalía y al pedido de prisión preventiva.

Zamora fue asistida por el defensor oficial adjunto Diego González Zunino; y a Juan Andrés Pereyra, el defensor oficial en lo Penal Nº 1, Carlos Salazar. 

La defensa solicitó la prórroga constitucional de ocho días, una garantía prevista por la Constitución Provincial que permite postergar la definición inmediata de la situación judicial de los imputados para contar con más tiempo para preparar la estrategia defensiva.

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