Ingollingo fue para una de sus últimas parejas eso: un compañero. La persona a la que se aferró social y emocionalmente. La mujer que, a la postre, según una fiscalía de San Luis, se convirtió en su víctima lo siguió en todo lo que él le propuso. El hombre le planteó la prostitución y hacia allá la condujo. Acordó encuentros sexuales con clientes en distintos puntos de la provincia y ella, subsumida en esa dependencia absoluta hacia él, no objetó, lo siguió.
No fue ella la que le puso un freno a eso que el Código Penal llama “facilitación de la prostitución”, sino que fue la madre de quien se convirtió en una mercancía sexual la que anotició a la Justicia sobre lo que sucedía. Hoy, a casi tres años de esa denuncia, por pedido de la fiscalía actuante, el Juzgado de Garantías 3 de San Luis, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, finalmente elevó dicha causa a juicio oral.
La fiscal adjunta Mercedes García, de la Fiscalía de Género 2, confirmó la acusación por “facilitación de la prostitución agravada por la situación de vulnerabilidad de la víctima y por la convivencia existente” y sugirió como pena siete años de prisión. Formalizó los cargos por ese delito, pero solicitó que fuera sobreseído de manera parcial por “explotación económica de la prostitución”. Pues, de acuerdo con lo que explicó, no lograron reunir las pruebas suficientes para demostrar que el hombre obtuvo “un beneficio patrimonial directo proveniente de esa actividad”.
A diferencia de la prostitución que una persona ejerce de modo individual y autónomo, la Justicia sanciona la intervención de terceros que logran un beneficio, actuando como terceros en las tareas de promoción y facilitación, sin que sea necesario probar que existe una explotación económica directa, explicó un abogado.
La investigación comenzó el día que la madre de la víctima presentó una denuncia ante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el 10 de julio de 2023. En un primer momento, fue la Justicia Federal la que inició un expediente y dispuso las primeras averiguaciones que luego confirmaron la existencia del delito. Ordenaron la intervención de teléfonos, vigilancias y seguimientos en distintas localidades de la provincia, como San Luis, Villa Mercedes y la Villa de Merlo.
De esa manera, corroboraron la existencia de maniobras compatibles con el “ofrecimiento de servicios sexuales”. Detectaron, por ejemplo, “ingresos reiterados de hombres a departamentos donde se encontraba la mujer, mientras el acusado permanecía en las inmediaciones controlando la situación”, repasó la fiscal adjunta.
Entre la evidencia recolectada, figuran informes de viajes realizados por Ingollingo y la damnificada a distintos puntos de la provincia, también registro de publicaciones en plataformas donde ofrecen servicios sexuales. Todos esos elementos, expuso la fiscalía, dan cuenta de “una dinámica sistemática de control, manipulación y facilitación de la prostitución”.
Pero las pruebas contra el imputado no llegan hasta ahí, sino que García señaló que hay entrevistas interdisciplinarias y conversaciones que revelan que la víctima, además, sufrió violencia y coerción de parte de quien consideraba su compañero de vida.
