Con el cruel aire polar como atmósfera y la tímida garúa de la mañana de este sábado, el Juzgado y la Fiscalía Federal con sede en Villa Mercedes procedieron a ejecutar una tarea que tenían en agenda desde hace días. Como sucede cada tantos meses, cuando logran reunir una importante cantidad de sustancias, incineraron hasta convertir en nada casi 50 kilos de marihuana, alrededor de siete kilos de cocaína y unas 30 plantas de la especie cannabis sativa. Todos los estupefacientes, correspondientes a más de 1.400 causas tramitadas en el fuero federal, ardieron en una zona bien retirada de la ciudad, en la fábrica CRAFMSA (Compañía Regional de Aceros Forjados Mercedes SA), para evitar por supuesto que el aire viciado y repleto de toxinas pongan en riesgo a la población.
La quemazón, realizada en la instalación industrial situada en el kilómetro 698.5 de la Ruta 7, empezó a las 10. Participaron también personal del Gabinete Científico San Luis y de la División Unidad Operativa de la Policía Federal Argentina, de la División Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, de Bomberos Voluntarios El Fortín y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Mercedes.
La marihuana llevada por el Ministerio Público Fiscal y la cocaína, a cargo del Juzgado, estaban dispuestas prolijamente en cajas y bolsas. Uno por uno cada paquete fue lanzado a las llamas de los hornos industriales que trabajan con elevados grados de combustión. Según explicó el juez Juan Carlos Nacul, no es azaroso la elección de tales hornos, pues debido al grado de nocividad de las estupefacientes, sobre todo de la droga blanca que tiene componentes químicos, es necesario asegurarse su total destrucción hasta que no quede rastro alguno.
El magistrado detalló que no todo se reduce a hacer desaparecer los estupefacientes, sino que al resto de los elementos incautados en los procedimientos y allanamientos de investigaciones federales tratan de darle un buen puerto. La constante lucha contra el narcotráfico también se traduce en transformar el mal en bien y, en línea con esa intención, desde el año pasado la Justicia Federal dona a distintas instituciones sociales el dinero hallado en las requisas. Es entregado como dinero en efectivo o es empleado para comprar mercadería para organizaciones benéficas como Caritas y comedores comunitarios.
Respecto a los numerosos teléfonos celulares que incautan en esos procedimientos, el juez comentó que son remitidos a los departamentos de peritos especializados, donde investigan la trazabilidad de los aparatos. En tanto a otros elementos, como las balanzas de precisión, que tanto emplean los vendedores de estupefacientes para fraccionar las dosis y nunca faltan en los llamados «kioscos» de drogas, son entregados a la Policía.
«En el futuro, hay que organizar un protocolo con Fiscalía y Nación para ver si todos aquellos vehículos, que se encuentren operativos, puedan ser utilizados por las fuerzas de seguridad e instituciones de bien público», adelantó Nacul sobre el posible destino de los rodados secuestrados en los allanamientos.
