La mañana del 25 de febrero de 2024 Isaías Sebastián Suárez, Jonathan Moreno y su hermano Rodrigo Ezequiel Chilote asesinaron a golpes y de dos estocadas a Jesús Horacio Muñoz, para robarle su moto, su casco y su celular. Ese día, con su última bocanada, también mataron en vida a los padres del joven, a María Esther Escobar y Cristian Muñoz. Le quitaron la luz de sus días y su máquina productora de felicidad que personificaba Jesús.
Esta semana cuando se enteraron, por algunos medios de comunicación y no por una notificación judicial, que Chilote estuvo a un pelín de escapar en medio de una salida transitoria sintieron que intentaron asesinarlos nuevamente y esta segunda vez la responsable fue una pieza de la Justicia: la jueza de Ejecución de Villa Mercedes, Nora Villegas, quien no solo había aprobado el beneficio de las salidas a ese interno sino que habría hecho lo mismo con los otros dos homicidas, pese a haber sido sentenciados a prisión perpetua hace apenas 18 meses.
Presa de la indignación y la condena eterna de no poder estar más al lado de su hijo, María no ocultó lo que piensa sobre la decisión judicial. “Es una burla para mí como madre, una burla al padre, a los hermanos, a toda mi familia y a la sociedad. Qué dolor que tiene mi alma al saber que ellos gozan de beneficios indebidos mientras que nosotros, la familia de Jesús Muñoz, tenemos que visitarlo en una tumba”, se desahogó en su red social Facebook. Cuando Todo Un País la entrevistó dijo que tampoco tenía pelos en la lengua para expresar cómo califica a la jueza de Sentencia: “Lisa y llanamente es una basura”.
Pero los padres no quieren que todo quede ahí, en el dolor producto de la injusticia. Quieren solicitar la destitución de la magistrada. “No le pueden dar permiso a una persona que tiene prisión perpetua. Son treinta y cinco años, sin goce de salidas, ni de ningún beneficio. No puede ser que lo dejen salir al año y medio para afianzar el vínculo familiar. Tiene que estar preso, por lo menos, veinticinco años”, manifestó la mujer.
La solicitud para que remuevan a Villegas de su cargo es, por el momento, un anhelo de los Muñoz, pues no cuentan con asesoría legal. En el 2024 por un brevísimo lapso, tras el asalto mortal, tuvieron como abogado a Gustavo Correa, pero luego continuaron el camino de la lucha por justicia sin un soporte legal. El único obstáculo que les impide realizar el pedido formal de destitución de la jueza de Sentencia es la falta de un letrado, cuyos costes hoy no son para nada accesibles y rondan cifras millonarias.
Según supo María, en el transcurso del año Villegas también le había otorgado salidas transitorias a Moreno y Suárez y la de este martes no fue la primera que le autorizó a Chilote, sino la segunda. El joven había sido retirado del penal de Pampa de las Salinas durante la mañana y trasladado a la casa de su familia, al sur de Villa Mercedes. El motivo que esbozó la letrada para permitirle el beneficio fue “mejorar sus lazos familiares”.
El condenado ya estaba en el domicilio de sus parientes, cuando sucedió todo. Pasadas las 12:30, cuando el personal penitenciario custodiaba la puerta de la humilde vivienda, ubicada entre malezas y a pocos metros del Río Quinto, uno de los familiares salió y generó una distracción, diciendo que le habían pegado una piña a Chilote. En medio de ese pequeño revuelto, se armó uno más grande cuando uno de los asesinos de Jesús trató de huir. No estuvo solo, sino que sus parientes intentaron ayudarlo oponiendo resistencia y agrediendo a los agentes, primero para que no atraparan al homicida y, segundo, para que no lo subieran al vehículo de la penitenciaría.
El 11 de diciembre de 2024 los tres acusados fueron condenados a prisión perpetua, por lo que hicieron la madrugada del 25 de febrero de ese año. La víctima estaba con su novia en una plazoleta del barrio Mil Viviendas, al este de Villa Mercedes, cuando los delincuentes se les acercaron en una moto.
Suárez manejaba el rodado, en el medio iba Moreno y detrás, Chilote. Ese último descendió y se le arrimó a la muchacha. Les ordenó que les entregaran sus pertenencias y, de a uno, se sumaron los otros: Moreno con un cuchillo y, por último, Suárez.
Jesús, que trabajaba como delivery, peluquero, operario de fábricas y en lo que pudiera para darle una mano a sus papás, atinó ante todo a proteger a la chica. La apartó de Chilote con un brazo, le dijo que pidiera ayuda y trató de defenderse. No pudo hacer mucho porque lo superaron en número. Uno le pegó con un casco y otro lo atacó a trompadas y patadas.
Los golpes lo derribaron. Y cuando estaba en el suelo, más indefenso que nunca, Moreno se le acercó y lo apuñaló en un brazo y el corazón. Seis horas más tarde, ya en el hospital y medio de la agonía, alcanzó a decirles a sus padres que era capaz de reconocer a sus agresores si los tuviera enfrente y murió.
Cárcel para cinco personas investigadas por el caso de los 27 millones en cocaína
El Juzgado Federal de San Luis ordenó trasladar a cinco personas al Servicio Penitenciario Provincial en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Se trata de un joven de 20 años, un hombre de 33 años, una joven de 18 años y dos mujeres de 32 y 39 años. En tanto, una mujer de 35 años deberá cumplir prisión domiciliaria por la misma causa. La medida fue implementada tras la audiencia de formulación de cargos.
Excepto la chica de 18 años, detenida el miércoles en inmediaciones de avenida Lafinur y calle Chubut, a los demás los detuvieron efectivos de Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico el martes tras allanar varios domicilios en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Durante ese operativo la Policía anuló cuatro centros de venta y distribución de droga e incautó cocaína valuada en $27 millones. También secuestraron marihuana, celulares, balanzas de precisión, un automóvil Chevrolet Astra y una moto Honda Wave 110 cc, entre otros elementos.
