Ricardo Endeiza defendió la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Claudio Poggi como un movimiento institucional y político a la vez: explicó que no busca ampliar el poder del oficialismo ni bloquear futuros candidatos, sino fijar límites, actualizar reglas y abrir una etapa nueva en San Luis. En diálogo con Todo Un País, el vicegobernador recordó que el proyecto responde a una promesa de campaña y que apunta a “sembrar futuro”, un futuro más previsible, menos discrecional y con una arquitectura legal adaptada a cambios sociales y tecnológicos que la Constitución de 1987 no podía prever.
En la entrevista, Endeiza insistió con una idea central: la reforma no tiene “cuchillos abajo del poncho”. Según explicó, la cláusula transitoria que considera al mandato 2023-2027 como el primero de Poggi busca despejar sospechas y mostrar que la iniciativa no fue diseñada para habilitar ventajas ocultas. También descartó que el proyecto implique una proscripción contra dirigentes que gobernaron en el pasado y sostuvo que tanto Adolfo como Alberto Rodríguez Saá hicieron reformas que, en su momento, también fueron relevantes para la institucionalidad provincial.
— ¿Por qué impulsar la reforma constitucional ahora y no más adelante?
— Porque fue una promesa de campaña y porque entendemos que, aun en un contexto social y económico difícil, no alcanza con administrar la urgencia: también hay que pensar en el futuro. La reforma apunta a generar previsibilidad, un Poder Judicial más independiente y crear mejores condiciones para la inversión, el trabajo y la estabilidad política. Esto no se trata de una maniobra sorpresiva, sino de algo anunciado desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi.
— Entre las primeras reacciones no solo hubo críticas opositoras, sino también de dirigentes que forman parte de la coalición del Gobierno, como Alejandro Cacace o Delfor Sergnese.
— Respeto profundamente las opiniones disonantes si se hacen con lealtad y honestidad intelectual. Pero quiero ser tajante: no buscamos proscribir a nadie. No hay ningún demérito hacia los exgobernadores Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, a quienes tanto el gobernador como yo les tenemos el mayor de los respetos en lo personal y en lo intelectual. Por el contrario, el único que se está autolimitando es Poggi. Él renuncia al estatus quo actual, el cual le resultaría mucho más cómodo para tener futuras reelecciones o nombrar jueces amigos de manera excepcional. El objetivo de Poggi es dejar un legado de institucionalidad en San Luis, que supere la etapa de los liderazgos tan fuertes que hemos tenido.
— ¿Y esas diferencias dentro de la coalición les preocupa?
— Nosotros somos una coalición donde conviven espacios distintos. Eso implica miradas diferentes. Pero también implica una responsabilidad institucional: no poner intereses personales o sectoriales por encima del interés del conjunto. Y en este caso, además, quienes opinaron lo hicieron a título personal, no en nombre de sus partidos.
— ¿No cree que votar cada cuatro años le quita a la ciudadanía la herramienta de hacer correcciones electorales?
— Es un cambio de matriz que responde a una nueva época. Estamos viendo una clara apatía y fatiga electoral en la ciudadanía; en las últimas elecciones se dudaba si se llegaba al 50% de participación, cuando en la restauración democrática de 1983 rondaba el 90%. Lo que buscamos es que la gente vote un proyecto integral cada cuatro años, que incluya un fuerte apoyo legislativo conjunto. Además, impulsar esto conlleva un riesgo para nosotros mismos, porque el Ejecutivo renuncia a la ventaja histórica que suelen tener los oficialismos en las elecciones intermedias al utilizar las herramientas del Estado.
— ¿Cómo sigue la hoja de ruta legislativa para que esta reforma se concrete?
— Si el proyecto se trata y aprueba este año en la Legislatura con la mayoría requerida de dos tercios, la elección de los convencionales constituyentes se realizará de forma conjunta con la elección general provincial del año 2027. Una vez conformada, la Convención Constituyente tendrá un plazo de 60 días para sesionar, prorrogables por 90 días más. Si vencido ese plazo no terminan de sancionar la reforma de manera definitiva, todo el proceso queda sin efecto. Esta cláusula se incluyó para garantizar una buena técnica legislativa y evitar vacíos legales como los que ocurrieron en otras provincias.
— ¿Qué otros cambios puntuales justifican reformar una Constitución después de 40 años?
— El paso del tiempo y las transformaciones sociales aceleradas traen nuevos desafíos. Cuando se hizo la última reforma en 1987, no existía internet ni el expediente digital. Hoy necesitamos incorporar derechos frente a la inteligencia artificial y proteger nuestros datos personales ante los algoritmos. Además, es indispensable adecuar las instituciones al nuevo sistema penal acusatorio, separando al Ministerio Público de la Acusación y al de la Defensa para que no estén bajo el mando del Poder Judicial, ya que representan intereses contrapuestos. También aprovechamos para depurar cláusulas obsoletas, como la facultad de movilizar tropas provinciales o de que la Legislatura elija senadores nacionales.
¿Por qué hacer menos elecciones?
La propuesta de eliminar las elecciones de medio término se fundamenta en combatir la apatía ciudadana y la “fatiga electoral” evidenciada en los últimos comicios. Los argumentos detrás de este cambio son los siguientes:
– Menos participación: Mientras que en la restauración democrática de 1983 los porcentajes de votantes rondaban entre el 85% y el 90%, en las últimas elecciones la participación cayó hasta rozar apenas entre el 50% y el 60%.
– Gastos: La sociedad tiende a ver las elecciones de medio término como un gasto político innecesario. Al mismo tiempo, parece observar que en las actuales condiciones vivimos en un esquema de “campaña permanente”.
– Elección de un proyecto integral: la idea es cambiar la matriz electoral para que la ciudadanía vote cada cuatro años por un “proyecto de gobierno completo” o “proyecto integral”. De esta manera, al elegir simultáneamente al gobernador y a la totalidad de los legisladores, se asegura que la propuesta ejecutiva cuente con una base de apoyo legislativo.
¿Cuarenta años no es nada?
La actual Constitución de San Luis se sancionó en un mundo de expedientes de papel y cintas de máquina de escribir. En 1987, internet era un tecnicismo de laboratorio y la inteligencia artificial una trama de cine. Si bien hubo actualizaciones, el Gobierno entiende que no son suficientes frente a la intensidad y la velocidad de las transformaciones sociales que vive la Provincia.
Elogio a las reformas y enmiendas previas
El vicegobernador Ricardo Endeiza tuvo palabras elogiosas y positivas respecto a las reformas constitucionales impulsadas durante los mandatos de los exgobernadores Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
Sobre la reforma de 1987, en la gestión de Adolfo Rodríguez Saá, la calificó como una “gran reforma, de avanzada para su época”. Resultó tan buena, dijo, que a casi 40 años de su sanción muchas de sus normativas aún mantienen plena vigencia.
Sobre los cambios posteriores, durante las gobernaciones de Alberto Rodríguez Saá, Endeiza los calificó como “muy buenos” y resaltó la modificación del artículo 147 que sirvió para eliminar la reelección indefinida. Además, elogió la incorporación del artículo 11 bis, que permitió sumar el derecho a la inclusión social y a la inclusión digital.
Endeiza remarcó que la gran calidad técnica de aquellas reformas previas es exactamente lo que permite que hoy San Luis pueda lograr una legislación moderna y actualizada mediante una reforma parcial, en lugar de necesitar una reforma total.
