El Gobierno de Venezuela decretó siete días de duelo nacional al cumplirse una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron parte del país. La medida fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que la prioridad del Ejecutivo es asistir a los sobrevivientes y a las miles de familias que permanecen en campamentos temporales.
El último balance oficial informó 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados. Además, 40.271 personas continúan desaparecidas, mientras que 15.759 ya fueron localizadas. Según las autoridades, más de 6.400 personas fueron rescatadas con vida desde el inicio de la emergencia.
Las tareas de búsqueda continúan con el apoyo de unos 4.100 rescatistas internacionales enviados por más de 30 países. Sin embargo, el paso de los días redujo considerablemente las posibilidades de hallar sobrevivientes entre los escombros. Equipos de Ecuador, Estados Unidos y Países Bajos finalizaron sus operaciones en algunas de las zonas más afectadas tras considerar prácticamente nulas las chances de encontrar personas con vida.
Pese a ese panorama, aún se registran rescates excepcionales. El martes, un equipo de Jordania logró sacar con vida a un niño de tres años que permanecía atrapado bajo los restos de un edificio en Caracas.
Las autoridades venezolanas informaron que más de 26.000 personas reciben asistencia médica, psicológica o habitacional y que unas 81.500 familias fueron alcanzadas por distintos programas de ayuda. También indicaron que se distribuyeron cerca de 8,9 millones de kilos de alimentos y permanecen habilitados 25 campamentos para alojar a los evacuados.
Mientras tanto, organismos internacionales alertaron sobre el agravamiento de la crisis humanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario se encuentra al límite debido a los daños sufridos por hospitales y centros de salud, y alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades como dengue, malaria, sarampión y fiebre amarilla entre la población desplazada.
En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos lanzó un pedido de fondos por 50 millones de dólares para asistir a unas 500.000 personas durante los próximos tres meses.
El Gobierno venezolano también habilitó una plataforma para canalizar donaciones internacionales destinadas a financiar la atención sanitaria, la asistencia humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas.
En medio de la emergencia, cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos, acusados de intentar apropiarse de dinero hallado entre los escombros durante las tareas de rescate en el estado de La Guaira.
Por otra parte, el puerto de La Guaira volvió a operar tras ser reparado, permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria por vía marítima, mientras Estados Unidos anunció una ampliación de su asistencia económica para reforzar las tareas de emergencia.
