La denuncia que la abogada Silvana Alejandra Zunini y el procurador Adolfo Julián Cafieri contra el fiscal adjunto, Marcelo Palacio Fernández de la Fiscalía 3 de Villa Mercedes, no cayó en saco roto y, encima, no para bien de ellos. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis rechazó esta semana la formación de causa y ordenó el archivo de las actuaciones iniciadas contra el funcionario del Ministerio Publico Fiscal (MPF) denunciado. Pero la denuncia que no llegó a más de eso tuvo consecuencias para quienes la catapultaron. El Jury, además, sancionó a Zunini y Cafieri con un arresto domiciliario «a efectivizarse en los domicilios de cada uno de los profesionales por el término de 12 horas». Ese plazo de «marche preso», pero en la comodidad de sus respectivos hogares, debieron cumplirlo el lunes entre las 8 hasta las 20.
Zunini y Cafieri habían solicitado la remoción del fiscal adjunto por «abuso de autoridad», «violación de los deberes de los funcionarios públicos» y «extorsión». Pero el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis, compuesto por su presidente Jorge Alberto Levingston, los abogados María Claudia Uccello, César Daniel Calderón, Fernando Aníbal Suárez, Carlos Leonardo García y los diputados Christian Ariel Gurruchaga, Lino Walter Aguilar y Carlos Roberto Pereira, calificó a la denuncia de «maliciosa e infundida».
La causa que llevó a Zunini y Cafieri otra vez a denunciar a un funcionario judicial tuvo su origen por un hecho que sucedió el 12 de junio del 2024 en una concesionaria, de avenida 25 de Mayo. Una persona había dado a conocer que en esa agencia de venta de vehículos la obligaron a firmar documentación y la amenazaron con todo tipo de elementos que pueden ser usadas como armas: un cuchillo, un martillo y un destornillador. No fueron solo palabras de advertencia, la hirieron.
Los denunciados de la concesionaria fueron imputados por «extorsión» y «lesiones leves». La causa avanzó y decidieron cerrarla rápidamente con un juicio abreviado (aquel procedimiento en el que los acusados reconocen su responsabilidad en el o los delitos endilgados para recibir una condena previamente acordada entre la fiscalía, la defensa y la querella). La sentencia que habían hablado era de tres años de prisión en suspenso, es decir, no sobrellevar la pena tras las rejas sino suspender el cumplimiento efectivo en la cárcel y transcurrir la condena en libertad.
Zunini y Cafieri eran los defensores de los acusados. Pero, en el medio, en la fiscalía descubrieron que la «víctima había sido coaccionada, a la cual le habían hecho firmar, bajo amenazas, documentación en la que cambiaba sus dichos», detalló Palacio Fernández en una conferencia de prensa que dio en los tribunales de Villa Mercedes.
Explicó que la abogada y el procurador sancionados intentaron por todos los medios que sus clientes obtuvieran un beneficio, pues estaban presos en sus domicilios. “Consideramos que era muy grave y por eso viajamos (a Justo Daract). Se estaba presentando documentación donde se cambiaba los dichos y se presentaba otro abogado. Era importante establecer qué estaba pasando, y darle claridad a esta investigación porque había dos personas detenidas», abundó el fiscal adjunto.
Todo ocurrió en la Comisaría 18ª de Justo Daract. “A la víctima le dijeron, agarrá la plata porque le puede pasar algo a tu mujer y a tu hija. Le hicieron firmar que un abogado asumiría su defensa, y otro escrito donde cambiaba su declaración (presumen que redactada por los letrados sancionados)”, afirmó Palacio.
“Me hicieron firmar porque me iban a dar la plata y me dijeron que si no agarraba la plata me iba a pasar algo”, reveló el propio damnificado. Según contó le advirtieron algo así como: “Te conviene que nosotros te cuidemos, que cambies la declaración, y recibas dinero ¿O te gustaría que aparezcan tu mujer y tu hija abusada sexualmente?
“Trataron convencer a esta persona, pero no para ayudarla, sino para ayudar a su defendido. Y en este punto hay que trabajar mejor, deben acordarse los arreglos en un ámbito parcial y claro. No se le puede permitir esto a un abogado. Acá se llegó al extremo de amenazarlo y querer comprarlo para que mienta”, subrayó el fiscal instructor José Olguín, quien trabajaba codo a codo con Palacio Fernández. Olguín fue por más y hasta dijo que ese tipo de prácticas de parte de los abogados no es ninguna rareza, sino que es algo bastante «común».
El fiscal instructor 4, Leandro Estrada, quien fue denunciado, en lo que va del año dos veces por Zunini y Cafieri, imputó a la dupla sancionada de letrados por los delitos de «coacción», «utilización de un documento público», «falsificación» y «alteración de un objeto de documento destinado a servir de prueba”.
