Luciano Andrés Pizarro Quileman, uno de los presuntos socios de Mayte Reina de Portugal Escudero en la venta ilegal de lotes de Villa Mercedes, es otra vez un hombre libre. No solo eso, sino que de las 28 estafas por las que provisoriamente la fiscalía lo había imputado la semana pasada logró deslindarse del significativo número de 23. De lo único que no consiguió zafar es del proceso penal iniciado en su contra. La causa continúa, pero a diferencia de la «cabeza» de ese negocio hecho con terrenos municipales, es decir la mujer que está en el Servicio Penitenciario de San Luis desde el 20 de marzo, no deberá sobrellevar todo tras las rejas, sino acatando sencillas pautas. Esas condiciones son firmar un libro en la fiscalía una vez al mes, no mantener ningún tipo de comunicación con las otras personas investigadas y no salir de la provincia sin previa autorización judicial.
La mañana de este martes, cumplido el plazo de cinco días de prórroga del arresto, el joven de 24 años fue llevado nuevamente a los tribunales de Villa Mercedes para que, según el planteo de la fiscalía, la jueza de Garantías 3, Natalia Pereyra Cardini, defina su futuro inmediato. Para empezar el fiscal instructor 4, Leandro Estrada, y su adjunto Alexis Chávez, aclararon que reformularían los cargos, pasarían de 28 casos de estafas a solo cinco por el delito de «defraudación simple».
La evidencia que reunieron y pudieron rever los últimos cinco días no pudo demostrar que Pizarro Quileman participó en la totalidad de estafas denunciadas hasta ahora, sino que solo intervino en cinco. Repasaron, según la reconstrucción lograda, que el acusado «recibió transferencias de dinero de algunas operaciones cuyos acuerdos eran firmados por la otra imputada o por otra persona». Ese otro socio está identificado y sobre él pesa una orden de detención. La única razón por la que no carga también con una imputación es porque ha logrado borrarse de los domicilios que solía frecuentar.
Los fiscales propusieron «la firma del libro, la prohibición de comunicación por cualquier medio con las otras personas investigadas y la prohibición de salir de la provincia sin previa autorización judicial». El defensor Pascual Celdrán no objetó ninguna de esas condiciones, los abogados de la Municipalidad de Villa Mercedes, Gabriela Escudero Ricarte y Lucio Pereira Alonso, en cambio, no estuvieron de acuerdo para nada con la fiscalía y anticiparon que no descartan apelar la resolución.
