El escándalo desatado hace una semana, luego de las polémicas declaraciones que el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, dio en un medio radial, no se termina y sigue generando polémica y revuelo entre los abogados de Villa Mercedes y, principalmente, en los tribunales de la Justicia Provincial.
Esta semana un estudio de abogados de la ciudad le solicitó al Superior Tribunal de Justicia que le requiera al juez la información con la que cuenta sobre una fiscal instructora a la que señaló de haberse quedado con dinero secuestrado en allanamientos.
Los abogados Gonzalo y Fernando Estrada fueron quienes, a través de una carta documento, se dirigieron al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Jorge Levingston.
«Conforme a la representación que ostenta del Poder Judicial de la Provincia de San Luis conminamos a Ud. por el plazo prudente y razonable de cinco días a que requiera al juez federal de Villa Mercedes la información pertinente de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, que podría estar incursa en la comisión de delitos de instancia pública en el ejercicio de sus funciones», plantearon.
El pedido es a efectos de sumar esos «antecedentes» a las diligencias que tramitan o deberán tramitar ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para juzgar la conducta de la fiscal.
Hacia el final del documento, señalaron que «en el mismo plazo deberán arbitrar los medios para auditar el desempeño de dicha funcionaria en lo relativo al manejo de dinero y/o evidencia producto de secuestros o allanamientos de moradas». Y le recalcaron a Levingston que todo es «bajo apercibimiento de la sanción por el incumplimiento de sus deberes funcionales a la presidencia del Superior Tribunal de la Provincia de San Luis».
