Pongamos negro sobre blanco. La mañana de este lunes en los tribunales de Villa Mercedes la peluquera Alejandra Espinosa, su presunto amante el excomisario Marcelo Acevedo y la amiga de ella, María Vázquez, comenzaron a ser juzgados por asociación ilícita, es decir por conformar entre los tres y seguramente otros criminales, una banda dedicada a cometer delitos, muchos delitos. Pero lo cierto es que ninguno de ellos pasaría por este proceso penal sin que haya desaparecido el ex de la peluquera, Abel “Pochi” Ortiz. La desaparición del joven de 29 años, el 16 de septiembre de 2014, destapó algo que iba más allá de ese hecho que hace 11 años tiene desconsolada a una familia. Ese hecho reveló, a entender de los fiscales Leandro Estrada y Néstor Lucero, que esos tres acusados, junto a otros que a lo largo de los años lograron ser sobreseídos de la causa, constituyeron una banda de delincuentes que robaba, liberaba zonas, filtraba información de la Policía, amenazaba y hasta asesinó a Ortiz, aunque jamás pudieron hallar su cuerpo para demostrar el homicidio.
La audiencia arrancó muy diferente a aquella de hace una semana. Alrededor de las 10, los policías abrieron la puerta de la sala de juicios 1. No hubo selección de quién podía pasar o no. Las requisas y el ingreso de cada persona transcurrieron con normalidad. La prensa del Poder Judicial también se mantuvo en su rol, y no tanto en aquel inquisidor que parecía ser más vigilante que los agentes policiales del recinto.
Pese a los numerosos intentos del martes pasado de parte del defensor de Espinosa, Valentín Rivadera, no logró ningún cambio en el procedimiento, ni tampoco en el reemplazo de los jueces del tribunal. Le negaron el juicio abreviado, que la peluquera quería negociar a cambio de cinco años y seis meses de prisión, también otro tribunal le rechazó el apartamiento de los magistrados designados para llevar adelante el debate oral.
En los tres sillones de los jueces solo había una sentada, Sandra Ehrlich, el resto María Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores, precedían la audiencia de manera remota desde la ciudad de San Luis, a través de videollamadas. En el costado izquierdo de la sala ya estaban sentados los dos acusados, que llegaron en libertad a esta instancia. Espinosa, la única que está presa por intentar matar a tiros a un vecino adolescente junto a su hija, llegó custodiada por los policías y se sentó en la izquierda. Le sonrió o pareció sonreírle a Acevedo y Vázquez. Los buscó con la mirada. Pero nada. Ninguno ni siquiera alzó la vista ante su llegada. La más inmutable de todas siempre fue Vázquez, permaneció con la vista clavada al frente, como una estatua, a tal punto que casi ningún medio ha logrado captar una imagen de su rostro que no sea de perfil.
La audiencia inició con los alegatos de apertura. El primero en hablar fue el fiscal Leandro Estrada. Indicó, por supuesto, que las tres personas ubicadas a la izquierda de la sala están acusadas de asociación ilícita, delito que anticipó demostrarán a lo largo del debate, pero recordó que el detonante de todo fue la desaparición de Abel. Mencionó, en varios pasajes de su exposición, que hace 11 años que nadie sabe dónde está el joven.
Dijo que la causa, conforme al anterior sistema acusatorio, en primera instancia estuvo en manos del juez Santiago Ortiz, quien en 2014, era el titular del Juzgado Contravencional. En el marco de esas averiguaciones, llevadas adelante primero por la Brigada de Investigaciones, empezaron a percibir que había interferencias, filtración de información y producción de hipótesis ficticias sobre lo que había sucedido con Abel.
Pese a todos esos obstáculos, el 7 de febrero de 2022 se llega al procesamiento de los tres acusados por asociación ilícita. De hecho, fue él, el fiscal Estrada, quien los procesó cuando todavía era juez de instrucción. Y mencionó uno por uno los delitos que esa banda de criminales cometió, según sus averiguaciones: la liberación de zonas para la comisión de robos, la extraña desaparición de armas secuestradas en la Comisaría 9°, la reducción de elementos incautados, diligencias policiales en la que los sospechosos eran siempre los mismos, la filtración de información de investigaciones en curso frustrándolas, el empleo de elementos del Estado, como las patrullas, la desaparición física de Abel y la introducción de hipótesis con la intención de desviar el curso de la investigación de esa búsqueda de paradero.
Entre esas tantas irregularidades está un sumario dirigido por Acevedo, cuando era jefe de la Comisaría 9°, en una causa por intento de homicidio, en la que un joven, vecino de Espinosa, terminó con un glúteo baleado, en el barrio Eva Perón.
El fiscal recordó también que en agosto de 2022 la defensa intentó presentar pruebas para desvincular a los acusados, hicieron varios planteos en marzo de 2023, en abril de 2024 y hasta este año la Justicia rechazó pruebas que la defensa de Acevedo intentó introducir a esta altura del proceso.
Bautista Rivadera, abogado de los Ortiz, adhirió a todo lo planteado por Estrada. Pero, además, resaltó que la causa en sí es grave, pues pone en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones. El hecho de que uno de los acusados sea un comisario hace que la sociedad pierda la fe en la Policía y la Justicia.
El siguiente en hablar fue Valentín Rivadera, hermano del otro abogado, pero que defiende a la principal sospechosa de todo: Espinosa. A diferencia del tono seguro y claro de Bautista, el letrado con voz temerosa, casi al borde del quiebre, como si fuera él uno de los acusados, recordó lo que ya todo el mundo sabe, que el caso que los tenía reunidos en la sala empezó en el 2014.
Habló de la “poca claridad de la causa”, manifestó que no tiene idea de cómo la fiscalía y querella serán capaces de demostrar todo lo que aseveraron.
Eso sí, señaló que respecto a la investigación por la desaparición de Ortiz no hay nada, que hace unos cuatro o cinco años está con falta de mérito. “Quedó paralizada”, aseguró. Mencionó prácticamente que esta es una causa “tirada de los pelos”, porque se basa en presunciones y deducciones “hasta caprichosas de la fiscalía”.
Dijo que su clienta está en el penal desde hace unos tres años y cinco meses. Y por eso solicitó la semana pasada el juicio abreviado porque la mujer quiere saber cuánto tiempo más va a tener que estar tras las rejas. Quiere saber cuándo volverá a ser libre.
“Este tribunal se va encontrar con más dudas que afirmaciones”, aseveró. Y ya, aunque no corresponda, anticipó que solicitará la absolución de su defendida, y que la misma suerte deberán correr los otros dos acusados.
La defensora oficial Rocío Mediavilla, quien representa a Vázquez, la cara más desconocida de la presunta banda de criminales, dijo lo que ya ha afirmado en tantos otros debates orales, en los que ha defendido con uñas y dientes hasta violadores de menores de edad, que dicho caso “carece de sustento probatorio”.
En toda asociación ilícita hay un reparto de tareas y no hay evidencia de que su asistida haya participado en algo semejante, subrayó. Adelantó que se encargará de señalar las debilidades de la hipótesis de la fiscalía y les pidió a los jueces que mantengan “la mente abierta”.
Celdrán, el abogado del excomisario, demostró en pocos minutos los años de experiencia en derecho que tiene respecto a los otros jóvenes defensores. Expresó, con otras palabras, que bajo el manto de la asociación ilícita pretenden darle consuelo a una familia que hace 11 años busca a un ser querido, que no saben qué le pasó y dónde está. Aseguró que no hay ninguna conexión entre los tres acusados. Tampoco que mucho menos pueden hablar de “liberación de zonas”, porque jamás existió un sumario administrativo a su cliente al respecto.
Dio a entender que Acevedo ni siquiera estaba en la provincia cuando desapareció Abel, sino en Mendoza. Remarcó que toda esta causa ya ha condenado socialmente a su asistido, quien estuvo preso, su honor quedó por el suelo y hasta estuvo a punto de perder su hogar.
Al igual que el resto, anticipó que va a dejar expuesta la carencia de pruebas, la inocencia de su cliente en toda esa especie de circo judicial que no busca más que dar consuelo a una familia desesperada, con datos sueltos e inconexos, cuando la realidad es que la causa por la desaparición de Abel duerme en algún archivero.
Terminados los alegatos, declararon los cinco testigos previstos para ese día. Aunque en los más de 100 artículos que esta periodista ha escrito sobre el caso, se ha nombrado en innumerable cantidad de veces las personas que dieron testimonios este lunes, en esta crónica no se mencionarán los nombres de algunos testigos a pedido del tribunal. Hablaron cuatro familiares de Abel y el exjefe de la Unidad Regional II, el comisario mayor retirado Sergio Bertoli.
El primero en declarar fue G., el cuñado de Ortiz. Al igual que el resto de los parientes citados que le siguieron, habló sobre la última vez que vieron a “Pochi”. Contó que el joven desaparecido se había mudado a su casa de la manzana 7101, en el barrio La Ribera, hacía unos dos o tres meses de su separación con la peluquera. Ninguno pudo ser exacto en ese punto acerca de cuándo el hombre se había mudado con su hermana y su cuñado y sobre la ruptura definitiva con Espinosa. Ya que parecía una relación de “idas y vueltas”.
Pero no porque Ortiz tuviera intenciones de reconciliarse sino porque la mujer lo manipulaba. Le decía que si no volvía con ella se iba a matar. Una vez, en el transcurso de esos meses de separación, “Espinosa había desaparecido”. “Abel decía que ella estaba enferma de los nervios y por eso empezó a verla”, refirió el testigo.
—¿Por qué se separó su cuñado?––le preguntó uno de los fiscales.
––Porque él empezó a sospechar que ella lo engañaba––respondió.
G. dijo que sentía a Abel como un hermano. Habían pasado tiempo trabajando en el campo. Y que el hecho de que se mudara a su casa, al tener tantos hermanos, no era al azar. Eligió ir a vivir con su hermana M., que reside en La Ribera, porque justamente era el lugar más alejado del domicilio de su ex. Apenas se separó de la mujer y se trasladó a lo de M. y G. Ortiz trató de rehacer su vida.
Se anotó en un gimnasio e hizo varios viajes a Flores y La Salada, en Buenos Aires, para luego comprar y revender ropa. El cuñado, al igual que su esposa, recordó que Abel llegó a su casa “con lo puesto”. Ni documento tenía. De hecho, tramitaba el DNI y mientras estuvo en lo de su hermana se vestía con las prendas de su cuñado y dormía en un sillón. “Era tan tranquilo. Así como mi papá”, recordó M.
Por supuesto, ambos detallaron la última vez que lo vieron. “Se fue el martes 16 de septiembre, a la tarde, porque se iba a encontrar con Espinosa, quien le iba a prestar una máquina para pintar, para hacer chapa y pintura”, dijo G. Les aseguró que volvería más tarde.
La mujer pasó a buscarlo en su auto no al frente de la casa, sino en lo que describieron como “un triángulo”, un espacio verde, vecino a donde vive M. y G. Las horas pasaron y él no regresó. A las tres de la mañana uno de los hijos de la hermana le dijo “el tío no volvió”. Tres horas después la mujer comenzó a preocuparse.
Lo llamaron, pero no contestaba. Le enviaron mensajes que no respondía. Nadie sabía nada sobre Abel. Entonces tuvieron que hacer algo que no querían: ir hasta lo de la peluquera y preguntarle si sabía algo sobre “Pochi”, porque ella se lo había llevado la tarde noche del día que desapareció.
El cuñado del joven relató que fueron el sábado de esa semana hasta lo de acusada. “Lo raro es que me atendió, le pregunté por Abel y me dijo que lo había dejado en la casa de un amigo. ‘Pero ¿cómo lo vas a dejar ahí?’, le dije y me respondió que pasara si desconfiaba tanto”, rememoró el hombre, que prefirió no entrar a la casa.
Fue a partir de la desaparición de Abel y la incansable búsqueda que llevó adelante su familia para encontrarlo, a lo largo y ancho del país, que empezaron a recibir amenazas. C., otra de las hermanas que declaró en este primer día del juicio, narró que una mujer llamaba constantemente a la casa de los padres de “Pochi”. El matrimonio vivía con P., otra de las hermanas del muchacho.
Llamaba insultando y amenazando de muerte. Una vez tomó uno de esos llamados C. “’¿Sos vos, Alejandra?’. Terminala, porque te voy a denunciar’, le decía yo y me respondía ‘Denunciame y te voy a cag… matando a ese viejo que tenés sentado al lado en el sillón’”, declaró ella. El hombre al que se refería era Roque, el padre de Abel, quien murió hace siete años sin saber qué pasó con su hijo.
No solo recibieron amenazas telefónicas. Les apedreaban la casa. A. otro de los hermanos del joven que dio su testimonio recordó que en una ocasión alguien, que parecía ser parte de la Policía, se le acercó por la calle en un auto y desde el vehículo, con un brazo afuera de la ventanilla, le hacía señas con un arma de fuego.
“La encubría por amor”
Los familiares coincidieron en que el Ortiz sufría violencia de parte de Espinosa. Es solo que él no lo admitía. “La encubría por amor”, dijo A. “Dos veces recibí llamados de mi madre, contándome que Abel había llamado porque tenía problemas con la pareja y que lo fuera a buscar”, contó. El hombre desaparecido quería irse de la casa de la acusada, pero ella no la dejaba.
Dos de los hermanos hablaron que le vieron las marcas de golpes en la espalda. Eran dos o tres, hechos con listones de madera o quizás de hierro. C., la otra hermana que declaró, recordó que una vez le notó en el rostro una marca que parecía ser una quemadura realizada con un cigarrillo.
“Me la estoy haciendo cag… a la Espinosa”
El último testigo en declarar fue el exjefe de la Unidad Regional II, Sergio Bertoli. El más desmemoriado de todos. Recordó que estuvo a cargo de la jefatura con sede en Villa Mercedes desde agosto de 2013 a julio de 2015. Indicó que tras la solicitud de paradero de Ortiz “se siguió el protocolo” habitual. El caso había tomado mucha relevancia y por eso todos, en todas las reuniones que realizaban con los jefes de las comisarías y otras dependencias policías, hablaban sobre las averiguaciones entorno a esa búsqueda.
Celdrán le preguntó qué concepto tenía de Acevedo como policía. Y Bertoli, sin dar mayores detalles, dijo que “bueno”.
––¿Recuerda haberle impuesto sanciones?––le preguntó el abogado.
––No que yo recuerde. Creo que no––contestó.
––¿Es fácil liberar zonas?––consultó el letrado.
––De acuerdo al diagrama es difícil, porque cada comisaría y dependencia tiene su jurisdicción, tiene su jefe, pero eso no quiere decir que un jefe no actúe en otra zona. Además, también está la parte preventiva de la que se ocupaba el Comando y la DRIM––respondió.
Bertoli contó que, en aquel entonces, a través del Ministerio de Seguridad, implementaron un plan para establecer un nexo entre la Policía y los vecinos, en el que se intercambiaban números de teléfonos e información. Ese sistema convertía a ese vecino en un “datero” de la Policía.
En ese punto de la declaración, Estrada le preguntó si es normal que entre un efectivo y un datero existiera una relación más allá del simple intercambio de información. Bertoli respondió que no. Y fue allí cuando le consuntó si existía una vínculo extrapatrimonial entre Acevedo y Espinosa.
Con perdón de la expresión––declaró el policía retirado––una vez Acevedo, en una charla privada, me dijo: “Me la estoy haciendo carg… a la Espinosa”. Afirmó así que entre ambos existió una relación sexual, del tipo ocasional.
––¿Usted como policía y exjefe de policía sabe lo que pasó con Abel Ortiz?––preguntó Lucero.
––Creo que es algo que nos estamos preguntando todos ¿qué pasó con Abel Ortiz?––manifestó el testigo.
––¿Pero tiene alguna hipótesis o teoría respecto a eso––puntualizó el letrado?
––No, doctor, no la tengo––dijo.
Fue, entonces, cuando Lucero le acercó una declaración que Bertoli hizo hace casi 11 años, en la que el testigo daba otra respuesta, para refrescarle la memoria.
––“La información es que se pudo haber perdido por su expareja”––leyó el fiscal en un tramo de esa vieja declaración del policía retirado.
—Sí, pudo haber sido––respondió Bertoli.
––No ¿pudo haber sido o no, como dijo acá?––insistió el fiscal.
––Ya le contesté. Es lo que todos quisiéramos saber––remarcó el testigo.
––¿Quién era la expareja de Abel Ortiz?––consultó Lucero.
––La señora Espinosa––dijo el hombre.
––¿Entonces cuando se refiere a que tuvo un problema con su expareja se refiere a Espinosa?––le preguntó el funcionario.
––Sí, puede ser––respondió, no muy seguro.
––No ¿puede ser o no?––apuntó nuevamente el fiscal.
––No le puedo responder que sí o que no, porque estábamos investigando eso. Era un rumor de ese momento––contestó Bertoli.
––O sea si es rumor, lo único que tenemos es que Acevedo tenía una relación con Espinosa––concluyó Lucero.
––Eso fue tiempo después––dijo el expolicía.
––¿Cuánto tiempo después?––pidió precisiones el abogado.
––No, doctor, imposible––expresó el testigo.
––¿Usted considera esta causa trascendente? ––le planteó Lucero.
––Sí, por supuesto––contestó.
––¿Entonces por qué no recuerda?––insistió el fiscal.
––Pasaron once, doctor. No sé qué quiere hacerme decir––le manifestó Bertoli.
––No, yo no le quiero hacer decir nada––cerró el letrado.
En otro punto, hacia el final de su interrogatorio, Estrada le preguntó si Acevedo quisiera interferir en la investigación por la desaparición de Ortiz, desviando el rumbo de las averiguaciones hacia otro lado, uno incorrecto ¿eso era posible?
“Es improbable, pero posible”, le contestó con más dudas que certezas.
