Ya no son 33 las personas estafadas por la venta de lotes en Villa Mercedes, sino 54

Maite Reina de Portugal Escudero fue imputada por estafar a 15 personas con la venta de tierras situadas al noreste de la ciudad. El fiscal ya solicitó para ella, en principio, tres meses de prisión preventiva y la inhibición de sus bienes. La mujer se alzó con unos $300 millones.
14 de marzo de 2026
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La mañana del viernes en la audiencia de imputación. El fiscal Leandro Estrada (izq.).

La mañana de este viernes Mayte Reyna del Portugal Escudero fue imputada por estafar a 15 personas, a quienes les vendió terrenos que no le pertenecían del noreste de Villa Mercedes. El fiscal de instrucción 4, Leandro Estrada, para colmo, ya le solicitó a la jueza de Garantías, Natalia Pereyra Cardini, que sea enviada al penal preventivamente por los siguientes 90 días. La resolución de la magistrada estará frenada, en principio, hasta el próximo viernes cuando venza la prórroga del arresto que requirieron los defensores Damián Bueno y Carlos Díaz.

Pero, durante la audiencia, la mujer se enteró de que está más complicada de lo que creía. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) comentó que también podría caberle estafa procesal, que es cuando cometen un fraude en un proceso judicial para hacer incurrir en un error a un juez o jueza y perjudicar a otra persona económicamente.  A todo ese combo hay que sumarle que la cifra de 33 damnificados de la que tanto hablaron estas últimas semanas se quedó corta, en virtud, de las nuevas averiguaciones de la fiscalía. Las víctimas, con una familia detrás, que depositaron la confianza y todo su dinero en Del Portugal Escudero, así como otros implicados que existirían, serían 54.

La imputada se alzó con unos 300 millones de pesos. Y, entre las razones con las cuales Estrada fundamentó que no puede estar en libertad, está el hecho de que engañó no a una ni a dos, sino a más de una docena de personas. También está latente la posibilidad de que escape y/o pueda ponerse en contacto con los otros cómplices, es decir, el resto de implicados que timaron a los damnificados con la venta ilegal de 16 manzanas. Uno de los abogados de la Municipalidad, Mauro Sabattini, había dicho en anteriores entrevistas que eran 12 las manzanas, pero en su formulación de cargos el fiscal precisó que fueron cuatro más.

El jueves, el día que detuvieron a la acusada, Estrada había comentado que le formularía cargos por estafar a 16 personas, pues era la cantidad de víctimas que se acercaron a denunciar a la mujer. Pero en ese cálculo un fiscal adjunto tomó en cuenta al Municipio de Villa Mercedes como parte damnificada, cuando el funcionario a cargo notó ese error corrigió la cifra a 15. La Municipalidad no cayó en ningún fraude, sino quienes le entregaron sus ahorros y continuaban pagando en cuotas los terrenos a Del Portugal Escudero y a los otros involucrados que todavía restan identificar.

Durante la audiencia, Estrada explicó que la imputada celebró convenios con sus clientes, hasta con la firma certificada de una escribana, para cesión de derechos posesorios de «terrenos que no le pertenecían y de los cuales no puede acreditar la posesión». Los montos en esa defraudación millonaria variaban y, en algunos casos, algunos accedían a abonar mediante cuotas.

«El acto defraudatorio se basó en la cesión de derechos posesorios que no puede acreditar, la existencia de más partícipes por la instrumentación de acuerdos en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad y los trámites civiles que estarían al borde de una estafa procesal», mencionó el funcionario público.

Además de los tres meses de prisión preventiva y la inhibición de todos sus bienes de la mujer, Estrada planteó «la restitución de los inmuebles, el desalojo de quienes realizaron actividades de posesión, la prohibición de innovar sobre los terrenos y la autorización para seguir con la ejecución de obra de viviendas». Precisó, además, que respetarán lo que ya está construido.

Los abogados de la Municipalidad, Lucio Agustín Pereira y Gabriela Escudero Ricarte, por su lado, fueron por más. Estuvieron de acuerdo con todo lo propuesto por la fiscalía y doblaron la apuesta. Solicitarán que investiguen una posible asociación ilícita, un delito siempre difícil de probar, también la falsificación de instrumentos públicos y estafa procesal, esto último ya señalado como una probabilidad por el fiscal instructor.

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