La fecha y el lugar estaban fijados. El Tribunal y el resto de los abogados y diputados que la juzgarían también. Daniela Cristina Torres, quien hasta mayo fue la titular de la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Mercedes, empezaría a ser juzgada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a una orden judicial” en dos hechos. Se vería cara a cara con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis, que la juzgaría por una serie de supuestos delitos o, al menos, faltas de las que estaba sospechada desde el año pasado y que llevaron a su suspensión hace cuatro meses, con la reducción a la mitad de su salario.
El Tribunal iba a ser presidido por Jorge Alberto Levingston e integrado por Ernesto Álvaro Rodríguez, Sandra Elizabeth Piguillem, Mauricio Secundino Daract, Flavio Andrés Ávila, Gimena Ramírez Couto y los diputados Carlos Roberto Pereira, Ricardo Javier Giménez y Lino Walter Aguilar. Pero no, a último momento, en un comunicado enviado a los medios la tarde del viernes, el Poder Judicial informó que dicho juicio político quedaba suspendido. El martes 9 la letrada había presentado la renuncia a su cargo ante el Gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, y el Primer Mandatario se la había aceptado.
Ambos delitos se habrían dado en una supuesta investigación por un robo y un hurto, en el que la exfuncionaria dispuso un allanamiento, ordenó la incautación de casi medio millón de pesos, que no habrían tenido nexo con la causa en sí, y luego se negó a devolvérselo a la damnificada, aunque un juez le llamó la atención por eso.
La primera audiencia por el jury estaba prevista para mañana (martes 16), a partir de las 9, en la Sala de Acuerdos, ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia, en horario matutino y vespertino, de la capital puntana. Habían dispuesto, incluso, que el debate oral fuera televisado y transmitido vía streaming por el canal de la plataforma YouTube del Poder Judicial, aunque podrían también resolver en cualquier momento el corte de la transmisión, si las circunstancias lo ameritaban, habían aclarado los voceros de prensa judiciales.
En ese juicio que ya no será también podrían haber ventilado otro hecho que llevó a Torres a tener roces con los jueces federales. Dado que luego de ser denunciada el último trimestre del año pasado, sumó otro problema. Según le indicó una fuente judicial a Todo un País, la exfuncionaria se habría quedado con dinero que le ordenó a la Policía que incautara en otra requisa, en la que buscaban elementos robados, pero encontraron drogas y las presuntas ganancias de sus ventas.
La ex representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) devolvió los estupefacientes a la Justicia Federal, pero no los billetes, aclaró el informante. Sin embargo, desde el Juzgado Federal le insistieron hasta el cansancio para que restituyera el dinero secuestrado. Entregó una parte y lo que faltaba, apenas 30 mil pesos, lo extrajo de su propia cuenta bancaria. Incluso recurrieron a la recientemente jubilada jueza Mirta Ucelay para que la presionara y la convenciera de devolver ese dinero.
Allanamientos en los que desaparecía plata
La letrada fue imputada a fines de julio. En la audiencia presidida por el juez de Garantías de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, los fiscales de la Tercera Circunscripción, Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, sostuvieron que “la doctora Torres incumplió con su deber legal de remitir el dinero secuestrado a la Oficina de Secuestros Judiciales, tal como lo establece la Ley, omisión que impidió garantizar la identidad, integridad, trazabilidad y cadena de custodia de los fondos incautados”.
Molina y Giampieri señalaron que oficios, actas de secuestro de allanamiento, acta de ingreso de elementos a la Oficina de Secuestros Judiciales, entre otros elementos probatorios, complicaban a la exfuncionaria.
La causa que destapó todo fue una que en los expedientes judiciales figura como “Sosa Facundo Josué-Rodríguez Manuel Alejandro- Hurto y Robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real”. Como parte de las supuestas averiguaciones, Torres ordenó el allanamiento del domicilio de esos jóvenes, quienes residen con su madre. La indicación que les había dado a los policías era que incautaran dólares.
Pero en tal requisa, los agentes no hallaron billetes verdes, pero sí pesos argentinos. Igualmente, la exfiscal dispuso su secuestro, bajo el argumento de que ese efectivo provenía de la venta de los dólares.
María Lorena Rodríguez, la madre de los sospechosos, no tardó en ir hasta los Tribunales y solicitar el reintegro de la plata que le llevaron. La mujer explicó que no les pertenecía a sus hijos, sino que era suya.
El 16 de octubre el juez de Garantías, Matías Farinazzo Tempestini, le ordenó a Torres la devolución del dinero a la denunciante. La exfuncionaria le afirmó al magistrado que todo estaba en una cuenta judicial de la Procuración. Tras varios días y muchas vueltas, el 29 de octubre, Rodríguez recibió en la Comisaría 29°, a donde había ido la exfiscal imputada, la suma de 455 mil pesos. Esa no era la totalidad de lo que le habían llegado, que fue 473.020 pesos.
Farinazzo Tempestini descubrió que la ex representante del MPF le había mentido cuando le afirmó que el efectivo estaba en una cuenta judicial de la Procuración. El juez averiguó por su lado si era así y corroboró que la letrada le había faltado a la verdad.
Cien mil pesos, el precio de la fiscal
Hace un par de semanas al flamante Procurador General de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, le llegó un informe de parte del fiscal de Villa Mercedes, Leandro Estrada, quien subroga la Fiscalía de Instrucción 2, que quedó acéfala tras la suspensión de su par. El representante del MPF denunció que tiene un problema con una causa en la que el damnificado de un robo quiere continuar hasta la instancia de juicio y el funcionario no puede actuar porque, previamente y en secreto, la ex titular de esa fiscalía aceptó 100 mil pesos de parte de uno de los imputados.
El acusado le había entregado ese dinero para que la exfiscal se lo diera al denunciante, en un procedimiento que contempla el nuevo sistema acusatorio de cerrar una causa a través de una compensación que, por lo general, es económica.
Aunque a la víctima le ofrecieron varias veces dinero, siempre se negó. El hombre estaba decidido a llevar a los acusados a juicio.
Sin embargo, de acuerdo con el informe de Estrada, su colega aceptó los 100 mil pesos de uno de los imputados y jamás le informó al denunciante al respecto. Para colmo, Lucas Pastrán, el presunto delincuente que le pagó murió la Navidad pasada. Fue a tiros, en la calle, cuando intentaba comprar marihuana.
