Hace más de un mes que el juez Santiago Ortiz de Villa Mercedes fue suspendido y, en consecuencia, percibe el 50 por ciento de su sueldo. Pero el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis que lo sacó momentáneamente o para siempre, quién sabe, de su cargo en el Juzgado de Garantías 4, e hizo lugar a una denuncia en su contra, todavía no depone de sus armas. Todo parece indicar, hasta ahora, que la primera semana de diciembre el magistrado deberá enfrentar la acusación que le endilgan. Según llegó a los oídos de esta cronista, desde diferentes voces, Ortiz no irá con otra versión que no sea la verdad.
Por eso su abogado, Roberto Pereira, ya comenzó con su rol de defensor. Así, en un documento de 102 páginas, cumplió con una de sus primeras tareas, el deber de contestar la acusación que le enrostran a su cliente. Solicitó obviamente que la misma sea desestimada y le devuelvan a su asistido, cuanto antes, su puesto en los Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial.
En varios pasajes de su amplia exposición no disimuló para nada su asombro ante un hecho que califica de inaudito, porque fue impulsado por la denuncia de un total desconocido en la escandalosa causa del Molino Fénix, presidida por Ortiz y por la cual se encuentra ahora en esta difícil situación. No deja de sorprenderle que haya escalado tanto y haya puesto a su representado al borde de la destitución por algo que, hasta una persona que desconoce sobre Derecho, puede advertir a kilómetros que no es un delito.
Si entramos a hilar fino o no tan fino, si vamos a hablar de delitos o combos de delitos incurridos a lo largo de los años por jueces, funcionarios y hasta secretarios de magistrados, en la Justicia de San Luis, no me bastaría el tiempo ni la batería de la notebook para nombrarlos uno por uno. Hechos que salieron a la luz y otros que, de alguna forma, como basura, consiguieron esconder bajo la alfombra. Pero eso último no quiere decir que tal o cual los desconozca.
Ortiz está en una posición complicada por una denuncia cuyo envión se lo dio Carlos Desiderio Díaz, un abogado que se dedica al fuero civil y comercial, que nada tiene que ver con la causa que podría poner en jaque el futuro de los ya imputados exfuncionarios albertistas. A los fines de ponerlos al tanto o refrescarles la memoria porque los lectores se renuevan: la exdiputada, ligada a Alberto Rodríguez Saá, Anabela Lucero y su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán están imputados por los delitos de «peculado», «administración fraudulenta», «abuso de autoridad» y «malversación de caudales públicos».
En tanto los exfuncionarios que trabajaban con ellos Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres están acusados de «peculado» y «administración fraudulenta». A todo eso hay que sumarle que los imputados de mayor peso, en tanto a puestos de poder que ocuparon y ocupan, fueron embargados por 300 millones de pesos.
Aparte de no tener nexo con esa causa, Díaz que ni litiga en el fuero penal, sostiene Pereira, salió de la nada a denunciar a su cliente. Sin dar detalles, ni mucho menos aportar pruebas. Su denuncia apuntó al intento de apartamiento que probó Ortiz en marzo, respecto al tema Molino Fénix.
Es verdad que en este país cualquier hijo de vecino puede denunciar un delito en contra de otro u otros, si tiene algunos sólidos fundamentos para sostenerlo. Tanto es así que cualquier habitante de este saqueado suelo argentino que desea denunciar, por ejemplo, a un presidente por un delito tan imperdonable como traición a la Patria tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Para eso está la división de Poderes, en este sistema democrático que todavía conservamos.
Pero lo cierto es que, en la práctica, ninguno lo hace. Nadie denuncia por más que vea o no quiera ver que está frente a un delito. No. No solo porque no quiere involucrarse, “meterse” en un asunto que considera no es suyo, sino porque es mucho más cómodo mirar para otro lado y seguir con su vida; que con esa ya tiene y le sobra. No lo va a hacer porque mientras esa persona esté bien va a ir a una urna, en tiempo de elecciones, y votará en función de su situación, si está bien o mal, y no pensando precisamente en el que quizás tiene al lado.
Los otros que se las arreglen, dirán tal vez. “Vaya con su misterio a otra parte, ya cada quien tiene su vida”, como dijo el obsesivo compulsivo, ermitaño y gruñón Melvin, personificado por el genial Jack Nicholson, en la inoxidable “Mejor imposible”.
Así, solos o/y divididos, no se construye ni se avanza en nada. Ya lo dijo José Hernández, a través de su célebre Martín Fierro, aunque no con esas exactas palabras. Solo se retrocede y nos devoran los de afuera. Ahora hasta en la política internacional casi todo parece ir detrás de esa línea de pensamiento, que empezó a ganar terreno después del 2020, el año de ese evento histórico que frenó al planeta y nos encerró en nuestras casas cuan delincuentes cumpliendo una prisión domiciliaria: la pandemia causada por el coronavirus. Eso quizás despertó el espíritu diestro extremo o le dio el impulso que necesitaba para llegar más lejos, y hacia ese lado se vuelca el mundo actualmente. Con esa lógica y, esta es una opinión muy personal, cómo viene la mano, no seremos premiados nunca más con un segundo Renacimiento. Vamos al individualismo y no al humanismo.
Pero ya, para no irme por otro sendero, sigo con Ortiz y la respuesta y los fundamentos de su abogado a la acusación en su contra. Pereira no puede creer, y lo manifiesta en varios momentos de su escrito, que tan frágil e insignificante denuncia haya llegado al punto de iniciarle un juicio a un juez, a causa de un abogado que se presentó como “ciudadano” a acusar al magistrado por un interés que permanece aún en las sombras.
Un halo de misterio cubre esa denuncia “justiciera” y “sin fines de lucro”, da a entender. Como también resulta inentendible que el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis, sin detenerse a analizar un instante lo expuesto, haya hecho lugar a tan liviana denuncia y así, de cuajo, de la noche a la mañana, haya dispuesto la suspensión del titular del Juzgado de Garantías 4.
Pereira está estupefacto o, al menos, esa sensación trasmite en su escrito. No le cabe en la cabeza cómo la Justicia le dio curso a una denuncia que, a lo sumo, si se ponen delicados y lo ven con malos ojos, podrían interpretarla como una falta; pero jamás como un delito. La excusación de Ortiz de la “on fire” causa Molino Fénix no puede considerarse nunca la violación a una ley, subraya.
Ese hecho, más la reciente renuncia de dos fiscales, deja entrever si se quiere que la acusación contra el juez villamercedino se debilita. Pero ahí no termina. Díaz, en realidad, denunció al magistrado por dos hechos. El otro que no mencioné hasta ahora tiene que ver con una denuncia que Ortiz hizo por un delito gravísimo, que afecta de lleno a una persona allegada a él. Un delito que suele arruinarle la vida a su víctima, la traumatiza y se aloja en su mente como una oscura y sucia vivencia, que a veces reflota en los sueños o está presente cuando la persona que la sufrió está despierta y con eso tiene que aprender a vivir.
Bueno, esa denuncia cayó en manos de la ahora exfiscal Daniela Torres. Díaz sostuvo que el juez suspendido ejerció “presión” sobre la, por entonces, titular de la Fiscalía de Instrucción 2 para que dejara de dilatar el proceso, se moviera y se pusiera a investigar. La única medida que trascendió es que, en diciembre de ese año, cuando el denunciado ya se sabía re contra señalado, allanaron su domicilio para secuestrarle teléfonos y computadoras. Con unos 30 días de ventaja el hombre ya se había borrado del mundo donde era muy activo: las redes sociales. También había eliminado todos los chats y correos electrónicos que podían comprometerlo.
El sindicado por Ortiz no es más que otra persona del ambiente del Derecho. Aunque no ejerce como abogado o nunca se destacó en ese rubro, porque vio más lucrativa a la política. Prefirió seguir a Alberto Rodríguez Saá. Algo que le resultó una buena jugada.
Ocupó algunos carguitos como funcionario, uno más importante que el otro, y así logró tener algo que muchos solo pueden soñar: una bella, grande y moderna casa con piscina, un auto 0 Km, algún que otro viaje al exterior, pertenecer hace unos años al “jetset” de jóvenes de Villa Mercedes, entre otras bondades del universo cheto.
Torres que, no hace ni dos meses renunció a su puesto, porque tenía en la puerta un juicio político que se le abalanzaba, por supuestos cientos de miles de pesos incautados en allanamientos con los que se quiso quedar, fue apartada del caso contra ese exfuncionario albertista un año y medio después. El juez suspendido entiende que hubo inacción de parte de la letrada y Díaz entiende que Ortiz “la presionó” para que hiciera su trabajo.
Como sea, esa segunda acusación a la que apuntó el denunciante, de todas formas, no prosperó.
Pereira explicó que lo que debería poner a un juez en una posición tan delicada, como en la que está hoy su representado, no puede ser solo una irregularidad. Y resalto con negrita una porque, según indica el letrado, deben ser varias y muy gravosas las irregularidades, capaces de desprestigiar al Poder Judicial. El defensor no le dio respiro al teclado de su computadora y mencionó varias causas en la que otros jueces fueron destituidos, por su papel de delincuentes, que dejaron por el piso al Poder Judicial de la Provincia, más de lo que ya está.
Con todo este circo que armaron alrededor de Ortiz, por la causa Molino Fénix, Pereira pone seriamente en duda sino incurren en una inconstitucionalidad dentro de la propia Constitución. Lo sostiene, y lo vuelve a manifestar en distintos pasajes de su documento, pues qué tipo de garantía y presunción de inocencia puede mantener Ortiz si “el Tribunal que va a sentenciarlo ya ha emitido una opinión sobre la cuestión, le instruyó el sumario, le formó causa y lo suspendió”. A ojos del abogado está claro que aquí existe un “adelantamiento de opinión” de parte del Tribunal actuante, algo que no está permitido.
A su entender, el sistema con el que actúa la Justicia, en el caso particular de su cliente, no es otro que ese que estuvo vigente en la provincia hasta hace poco más de tres años. Uno de la era de piedra, que si de algo carecía era de imparcialidad.
En ese sistema acusatorio existía la figura de un juez instructor, él o ella investigaba una denuncia, recolectaba las pruebas a través de las órdenes que les impartía a la Policía o los profesionales que requiriera y, luego, cuando ya tenía todo cocinado, por una cuestión de mero trámite, le giraba el expediente al fiscal de turno. El o la fiscal que no participaba de ninguna audiencia y no tenía ni la más pálida idea sobre el caso en cuestión hasta que le llegaba cómodamente a sus manos, en papel, el expediente remitido por el juez de instrucción, para que se expidiera al respecto. Y, por supuesto, nunca le bajaba el pulgar a esa causa casi desconocida.
De esta manera, el juez de instrucción contaba siempre con el visto bueno de un o una fiscal que, en realidad, no tenía ni idea del caso en cuestión. Después, al momento de resolver si procesaba o no a la persona o las personas investigadas, el magistrado, a menos que fuera asaltado por un repentino brote de moral y de aceptación de errores, siempre resolvía a su favor. Y, claro, no iba a rechazar la investigación que él mismo había dirigido de “pe a pa”.
Con esa forma de manejarse el investigado no tenía chance. Tenía no solo al fiscal sino también, y más importante, al juez en su contra. Solo con Dios a su lado podía ganar. No le esperaba otro destino que no fuera el procesamiento y si cabía, de acuerdo a la gravedad del delito, también una celda en el penal.
El defensor de Ortiz subraya y repite, con letras mayúsculas y todo, algo que ni debería ser recordado en este punto: el Jurado debe ser imparcial e impartial. Y, para los amantes del fútbol, lo explica con una analogía a tono: “el Jurado pretende tirar el centro y cabecear” y, como si eso no le bastara, también quiere “atajar y ser árbitro”.
La injusticia está presente en todos los órdenes de la vida, hasta en lo más insignificante. Las hay grandes y chiquitas. La justicia que dirimen en los Tribunales es solo una y, encima, una humana. Hay, para algunos, otras, que casi nunca se dejan ver porque, por lo general, permanecen ausentes o no logramos entender.
Lo que es correcto, según el defensor, logra sintetizarlo en una atinada y justa frase; y es que “el que investiga no puede juzgar”.
Pero ese sistema parece estar operativo en el Jurado de Enjuiciamiento que tiene entre ceja y ceja a Ortiz. Operativo en su acepción de estar activo y no en el sentido de “opereta”, fraguada y malintencionada.
“Ponete los pantalones largos”, pero elegiste “los cortos”
Lo que catapultó todo fue el hecho de que el suspendido juez intentó excusarse de la causa que tiene en la mira a los exfuncionarios albertistas. Argumentó que hacía apenas unos días, antes de las audiencias, Lucero y Beltrán habían querido rentar algunos de los departamentos que la familia Ortiz tiene en alquiler. Un negocio en el que, remarcó Pereira, su cliente no participa para nada. Pero aun así, con el tema Molino Fénix en boca de todos, entendió que ese cuasi negocio con dos de los imputados, los de mayor calibre, podía poner en duda su imparcialidad en el proceso penal, por ese alquiler que, al final, no sucedió. Por eso trató de apartarse del polémico caso, fundamentó en su momento.
Su par, el juez de Garantías 1, Alfredo Cuello, tenía que resolver si le permitía esa excusación. Y, con su siempre tan frontal e irónico modo de responder, le hizo saber su decisión. Ya, en el arranque de su fallo, dejó la suavidad en el último piso del subsuelo. “Ortiz miente, yerra o cuando menos luce apresurado por irse, cuando dice alejado de la verdad y sin verificar lo realmente sucedido”, le lanzó así, solo para calentar.
Señaló que “Santiago Ortiz debe ser responsable, no informar algo que no ocurrió u ocurrió de una manera diferente o no agigantar sus emociones y tendría que haber seguido el consejo que le di”. Dicha sugerencia fue: “Ponete los pantalones largos”. Pero no se detuvo ahí, continuó tiroteándolo con sus balas metafóricas. “Pero prefirió los cortos y salió a jugar con la garantía constitucional del ‘juez natural’, utilizando para ello desde la exageración hasta la mentira. No es de extrañar que el día de mañana, el juez que está pretendiendo irse, al no obtener éxito en la actualidad, amañe otra nueva causal de alejamiento: podrían algunas de las partes comprar chicles en el ‘Kiosco Santiago’, por ejemplo”, le tiró con su siempre sarcástica manera de expresarse que, por lo general, acompaña con una semi sonrisa.
Y siguió. “Estaré atento a ello y espero que el Tribunal que en definitiva decida, me ayude y le marque la cancha, señalándole sus obligaciones y deberes, no aceptándole partir o huir temeroso”. Cuello lo hizo otra vez. Atacó sin piedad a su colega, como si estuviera acusado de un triple homicidio. Lo fusiló lingüísticamente.
Claro que Pereira no se quedó sin contestar por escrito a tremenda forma de responder de Cuello, alejada de todo decoro, tecnicidad y del lenguaje que exige algo tan serio como una sentencia judicial. Con otro grado de manejo semántico le dijo que fue, como mínimo, “aventurero y erróneo” tildar de “mentiritas” los argumentos del planteo de excusación.
Ya, en las últimas páginas del escrito, el letrado anticipó que ofrecerán a dos fiscales y hasta un periodista de Villa Mercedes, como testigos. También solicitarán una inspección ocular en los inmuebles de la familia Ortiz, aquellos que están en alquiler, y, por supuesto, exhibirán todas las comunicaciones a través de WhatsApp que Lucero y Beltrán mantuvieron con el hermano del magistrado que será enjuiciado.
Antes de finalizar, el defensor volvió a cargar las tintas contra Díaz, el denunciante que se presentó en todo esto como “un ciudadano”, que siente la necesidad de señalar un delito o falta en una causa en la que “no tiene ni parte ni arte”. Y lo más inexplicable de todo, para el abogado defensor, es que dicha acusación haya prosperado tanto, al punto tal “de distraer a los miembros del Jurado”, que seguro tienen tareas más importantes y urgentes que perder el tiempo en un proceso que “jamás debió llegar a esta instancia”.
Díaz, remarcó Pereira, jamás dijo por qué motorizó todo esto. Ese aparente desinterés le hace mucho ruido. Y para expresarlo se apoyó en algunas conclusiones del reconocidísimo sociólogo Pierre Bourdieu. Unas que pueden resumirse en algo tan lógico como que nadie hace algo por alguien sin esperar algo a cambio. Siempre existe un interés, a veces simbólico, pero en la mayoría de los casos no es otro más que el siempre bienvenido “cash”, contante y sonante.
