Fiscalía de Estado presentó una ampliación de denuncia respecto de la situación del campo “El Cabure” mientras fue administrada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Puntualmente el gobierno busca saber que pasó entre 2017 (fecha en se rescindió el contrato con la empresa) y 2023, cuando terminó la gestión.
Por eso Rafael Berruezo, Fiscal de Estado Adjutor de la provincia de San Luis, se presentó ante la Justicia para hacer una ampliación de denuncia en la causa que involucra la posesión por parte de la Provincia del campo anteriormente gestionado por la firma El Caburé S.A., ubicado entre Batavia y Buena Esperanza, en la causa que se sigue por “hurto calificado, abuso de autoridad y peculado” que involucra a funcionarios del gobierno anterior.
La denuncia pesa sobre los últimos dos ministros de Producción de Alberto Rodríguez Saá: Sergio Freixes (entre 2017 y 2019) y Juan Lavandeira (2019-2023), quienes “tuvieron a su disposición el campo explotado por El Caburé S.A., y que del estudio de los antecedentes administrativos se podría haber configurado el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios público, peculado, y/o algún otro delito que surja de la investigación, responsabilidad que se hace extensiva a los Jefes de Programa que tuvieran responsabilidad directa”.
El gobierno anterior, mediante el Decreto Nº8143-MMACyP-2017, del 20 de diciembre de 2017, dispuso en su artículo primero “Rescindir el Contrato de Adjudicación Pioneros Siglo XXI y su Adenda” con El Caburé S.A. por diversos incumplimientos. En tanto que en el artículo segundo dispone “Tomar posesión del inmueble con debida intervención de Escribanía de Gobierno”.
Tras un recurso de revocatoria interpuesto por la empresa, la administración de Rodríguez Saá demoró cinco años en rechazarlo, mediante el Decreto Nº11852- MP-2022 de fecha 21 de diciembre de 2022.
“Del estudio de las actuaciones administrativas, surge palmario el descuido, desprecio por el patrimonio provincial por parte de los denunciados, quienes dejaron de cumplir con las medidas que requería realizar, esto es, ni más ni menos que tomar posesión del campo en cuestión”, argumenta ahora Berruezo en su ampliación de denuncia contra Freixes y Lavandeira.
Lo que se pregunta ahora Fiscalía de Estado es qué ocurrió durante esos cinco años transcurridos entre 2017 y la finalización del mandato del gobierno anterior. “¿Quien explotó el campo, que paso con las cosechas y los animales allí pastando? ¿Se encuentran registrados los movimientos realizados en el campo?”, inquiere la denuncia.
Hasta la fecha en el Ministerio (ahora denominado de Desarrollo Productivo) no se encuentra ninguna documentación al respecto. “No se ha contabilizado movimiento ni ningún beneficio para el patrimonio de la provincia. La desidia y/o la explotación en interés propio, dolosa de los ministros denunciados, ha causado un gran perjuicio a las arcas del erario público“, reza el texto presentado en la Justicia.
Los delitos que enumera, con sus respectivas argumentaciones son los de corrupción en general, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una historia de irregularidades
El proyecto agropecuario de la firma ‘El Caburé SA’, que inicialmente había sido adjudicatario de un inmueble rural de 2.000 hectáreas en San Luis bajo el plan Pioneros Siglo XXI, concluyó fracasando por una serie de graves incumplimientos. El proyecto, que incluía la producción y transferencia de embriones para caballos de polo, la creación de 24 puestos de trabajo con proyección de aumento y la integración de tecnología en la producción, no cumplió con las obligaciones estipuladas por la ley VIII–0239-2004.
El contrato de adjudicación, firmado el 12 de mayo de 2009 y homologado por decreto Nº 628 MdelC–2009, detallaba obligaciones como la incorporación de tecnología, el desarrollo de innovaciones en especies tradicionales y la elaboración de un plan de marketing y negocios. Sin embargo, el incumplimiento de estas obligaciones llevó al ministerio del Campo a emitir el Decreto 8143– MMACyP-2017, que rescindía el contrato y ordenaba la recuperación del inmueble.
Pese a que ‘El Caburé SA’ presentó un recurso de revocatoria, este fue rechazado por ser extemporáneo según el decreto 11852 MP-2022. Durante el período posterior a la rescisión, la firma continuó explotando ilegalmente el campo, incluso cediendo parte del terreno a terceros para diversas producciones agropecuarias. En febrero de 2024, una investigación de la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión confirmó que el proyecto productivo estaba abandonado, con instalaciones deterioradas y sin personal, y que una gran parte del terreno tenía cultivos de maíz en condiciones deplorables. Esto llevó a que el 26 de abril, el Gobierno provincial junto con la Escribanía General de Gobierno, recuperara oficialmente la posesión del inmueble y documentara el proceso en el acta notarial Nº 267.
El día siguiente, el exadjudicatario se presentó en ‘El Caburé’ para retirar sus animales y pertenencias personales. Finalizó su retiro el 29 de abril.
