“El espíritu del proyecto es abordar en conjunto la violencia escolar, poniendo a la familia en un lugar preponderante y de suma importancia”. Con estas palabras el ministro de Educación, Guillermo Araujo, sintetizó el propósito general del proyecto de ley para responsabilidad parental ante hechos de bullying, ciberacoso y violencia psicológica presentado por el Gobernador en la Legislatura.
Ayer Araujo y el asesor legal de la cartera educativa, Francisco Guiñazú, aportaron detalles del proyecto en una conferencia de prensa. El martes 18 de noviembre el Primer mandatario envió la iniciativa a los legisladores.
Para el Gobierno Provincial, se inscribe en el marco de un contexto que envuelve a un sistema administrativo sobrecargado de exposiciones de casos de violencia y acoso escolar y un desmedido incremento del bullying en las aulas. Propone una ley que busca incorporar nuevas contravenciones al Código actual, para ampliar la responsabilidad de padres y cuidadores.
Además, se contemplan sanciones para situaciones en las que las agresiones contra las autoridades educativas provengan de padres o tutores.
“La familia es la primera escuela”
El ministro remarcó que se precisa el apoyo de los padres, quienes poseen una función que es indelegable: la formación inicial de sus hijos. Expuso que uno de los ejes de trabajo del Gobierno es el fortalecimiento del tejido social, propiciando ámbitos libres de violencia y una convivencia escolar sana. “Este sería el espíritu de este proyecto de ley”, dijo Araujo.
La iniciativa pone el acento en que las familias tengan tanto derechos como obligaciones y aporten a la contención social. Araujo dijo que, según la ley propuesta, las tareas serían ejecutadas por el juez contravencional, quien va tener las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de las sanciones que se resuelvan.
Guiñazú agregó: “Estamos frente a un cambio de paradigma que nace con la última reforma del Código Civil. Se sale del viejo esquema de patria potestad, que ubicaba a nuestros hijos como si fuesen nuestra propiedad”.
Subrayó que el nuevo Código Civil conceptualiza a los hijos como sujetos de derecho: derecho a ser cuidados, formados adecuadamente y a proyectarse de una forma correcta para la vida.
La regulación jurídica prevé sanciones concretas tanto para padres y tutores como cuidadores o guardadores personales de los chicos que no cumplan con las obligaciones. En este sentido, el tipo de castigo dependerá del caso.
Guiñazú detalló que si las situaciones de bullying se producen fuera del ámbito de las escuelas, la sanción podría ser de 30 días de trabajo comunitario y 1.000 unidades monetarias de multa (equivaldrían a $1.200.00 en la actualidad).
Éstas se elevarán sustancialmente cuando las faltas se produzcan dentro del ámbito educativo. El trabajo comunitario puede aumentar a 60 días y la multa, a 5.000 unidades monetarias (es decir, aproximadamente $6.000.000). El proyecto, además, contempla el arresto por incumplimiento.
El Ministro también resaltó que éste va ser un ejercicio más dentro de un marco de acciones que realizan para la prevención de una problemática que daña el tejido social: “Es una herramienta que busca decirles a las familias que cada uno tiene que cumplir la parte que le corresponde. Hay cuestiones que son indelegables”, aseveró. “Como Gobierno, tenemos la obligación de resguardar la integridad de los docentes y directivos”.
El procedimiento para que pueda intervenir el juez contravencional, implica que el directivo o la persona que tome conocimiento de la situación, notifique a la Policía de San Luis para que se active el procedimiento judicial. También se puede asentar la denuncia vía web o a través de la Unidad de Abordaje Fiscal (UAF) para que llegue al magistrado. Una vez que eso pasa, se activa la investigación que verifica cómo tipifica el comportamiento de la persona señalada.
El Gobierno Provincial define este proyecto de ley como una acción preventiva que busca disminuir la cantidad de casos y llamar la atención de los tutores, quienes deben ser responsables del cuidado y los actos de sus hijos. “Lo dice el Código Civil, que debemos cumplir”, cerró Guiñazú.
