El Gobierno nacional confirmó ayer que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará contando con custodia oficial pese a haber dejado el cargo. La decisión, según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, responde exclusivamente a cuestiones de seguridad derivadas de las amenazas que el exfuncionario denunció haber recibido durante las últimas semanas.
Durante su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier fue consultado sobre la continuidad de ese beneficio y respondió que, «por motivos de seguridad, por ahora se mantiene». De esta manera, el Ejecutivo ratificó que Adorni seguirá siendo custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina mientras se evalúa la evolución de la situación.
En la carta con la que formalizó su renuncia, el ex jefe de Gabinete reveló que había sido víctima de amenazas en el marco de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Según indicó, esos episodios fueron denunciados ante la Justicia para que se investigue su origen y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El presidente Javier Milei también hizo referencia al tema y vinculó la decisión de Adorni con el impacto que las intimidaciones tuvieron sobre su entorno familiar. «Cuando se toca a la familia no se jode», sostuvo el mandatario, al explicar que el exfuncionario consideró inadmisibles los ataques dirigidos contra su esposa y sus hijos, motivo por el cual decidió presentar una renuncia que calificó como «indeclinable».
Fuentes oficiales señalaron que el esquema de custodia podría extenderse durante aproximadamente un año, aunque el plazo definitivo dependerá de las evaluaciones que realicen las áreas de seguridad.
Por otra parte, Ravier desmintió que el Gobierno haya puesto en marcha una auditoría interna para revisar las compras realizadas desde la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Adorni.
La polémica surgió luego de que trascendiera que Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, habría utilizado su tarjeta de crédito para facilitar la compra de un monitor gamer valuado en más de dos millones de pesos. A ese episodio se sumó la adquisición de ropa blanca por más de cuatro millones de pesos, realizada por la secretaria privada Gisela Kocsis, operaciones que actualmente forman parte de la investigación judicial.
Consultado sobre el avance del caso, el vocero presidencial evitó adelantar medidas administrativas y remarcó que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades. «El tema está en la Justicia. Son las personas involucradas las que deberán declarar y será la Justicia la que investigue y evalúe lo ocurrido», concluyó.
