Los concejales oficialistas presentaron dos proyectos para lograr la designación de jueces sin necesidad de rendir concursos y solo con la autorización de Sergio Tamayo. Desde la oposición anticiparon el rechazo y denunciaron un gobierno paralelo.
Una de las propuestas nace del interbloque Unidad Justicialista y pretende modificar dos artículos de la ordenanza N°0920 del año 2019, que regula la designación de los jueces de Faltas y de la Cámara de Apelaciones.
La legislación establece que quienes ocupen esos cargos deben hacerlo “previa evaluación de los aspirantes en un concurso de antecedentes y oposición, previéndose que el jurado evaluador estará conformado por tres miembros”. Pero los ediles oficialistas quieren que el Intendente sea quién realice el acto administrativo.
El artículo 4° (que pretenden alterar) instaura que “el proceso de selección y designación no podrá exceder los seis meses de duración y tiene como propósito garantizar el respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales y psicológicas, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, las garantías y libertades individuales y los valores democráticos”.
La Cámara de Apelaciones no se encuentra funcionando debido a que la conformación fue suspendida en 2019 cuando se declaró la emergencia económica.
“La estructura administrativa del Gobierno municipal ha crecido desmesuradamente en relación a los recursos que posee el municipio, de este modo el desequilibrio presupuestario resultante pone en riesgo la efectiva prestación de los servicios públicos esenciales, y el cumplimiento oportuno en el pago de los salarios de trabajadores; obligaciones que son esenciales para el bienestar de los ciudadanos y por lo tanto prioritarias, que en consecuencia deviene necesario diferir la aplicación de las Ordenanzas N° II- 0924-2019- Defensor del Pueblo Municipal y N° II-0920-2010 Justicia Administrativa Municipal”, había fundamentado Tamayo en ese momento.
