Darle la libertad a Diego Martín Becerra, el principal acusado por el asalto a un matrimonio de ancianos en el paraje Árbol Solo, en el que tres delincuentes causaron la muerte de Carlos Lucero, de 77 años, implica el riesgo de que el acusado se fugue, entorpezca la investigación judicial y ataque a la víctima sobreviviente, Ramona Elia Mercau, de 74 años, que ha quedado vulnerable tras la brutal agresión que sufrió junto a su esposo el domingo 2 de febrero del año pasado. Eso planteó el viernes pasado la fiscal Débora Roy Gitto ante el juez de Garantía en feria, Marcos Flores Leyes, al vencerse el plazo de preventiva vigente hasta entonces. El magistrado estuvo de acuerdo y prorrogó la medida cautelar por otros setenta días.
Junto a Becerra, privado de la libertad desde el 17 de marzo de 2025, están detenidos los otros dos presuntos partícipes en el asalto mortal, Ramón Ceferino Núñez y Cristian Sebastián Sosa, quienes fueron detenidos el 18 de noviembre. Los tres están imputados de homicidio en ocasión de robo y robo calificado por ser en despoblado y en banda.
Núñez y Sosa tienen prisión preventiva hasta el día 27 de marzo. A los fines de igualar la situación procesal de los tres, la fiscal solicitó que la prórroga de la medida coercitiva para Becerra fuera de setenta días.
Carlos Lucero y Ramona Mercau fueron atacados en su casa. Árbol Solo es un paraje distante 21 kilómetros al norte de la localidad de Los Manantiales (ex Villa General Roca). Tres hombres llegaron a media mañana a la casa en un Renault 12 rojo y pidieron agua porque supuestamente tenían un problema con el auto. Fue una excusa para cerciorarse de que los ancianos estaban solos. Se fueron, pero a eso de la una de la tarde, volvieron.
Golpearon a los dos ancianos y con él se ensañaron pegándole en la cabeza, hasta producirle una fractura de cráneo. Les robaron dos millones y medio de pesos, documentos y otros objetos de valor. Más tarde, una vez socorridos, Carlos y Ramona fueron llevados al Hospital Central Ramón Carrillo, de la ciudad de San Luis. Pero él nunca se pudo recuperar: permaneció internado hasta su muerte, ocurrida el 17 de septiembre, como consecuencia de la golpiza.
La audiencia realizada el viernes 16 de enero fue solicitada por la fiscalía interviniente en la causa, representada por Roy Gitto, a fin de requerir la continuidad de la preventiva de Becerra. La fiscal fundamentó el pedido en que aún queda pendiente la producción de distintas pruebas, como una rueda de reconocimiento y un informe de pesquisa, para lo cual se ha fijado fecha de audiencia multipropósito para el 10 de febrero próximo.
La fiscal respaldó su petición en la existencia de riesgos que se potenciarían si Becerra recuperara la libertad, como el de que amedrente a la víctima, interfiera en lo que resta de investigación o se fugue.
A su turno, la querella -representante de la familia de las víctimas- a cargo del abogado Roberto Aguilera Marturano adhirió a todo lo solicitado por la fiscalía. Agregó que el delito fue cometido en una comunidad pequeña, de casas distantes, con caminos que conectan las viviendas entre sí. La pareja damnificada es de avanzada edad, lo que demuestra, en su opinión, que los imputados conocían la zona y la condición de vulnerabilidad de las víctimas.
En tanto, la defensa representada por la defensora oficial, Stefanía Cifuentes, solicitó que convirtieran la prisión preventiva de Becerra en una prisión domiciliaria: lo justificó en que el sospechoso no tiene antecedentes condenatorios y no resistió la investigación judicial, sino que colaboró con ella. Por eso, sostuvo Cifuentes, correspondería un trato diferente para Becerra, en relación con los otros dos imputados.
Una vez que oyó a las partes, el juez Flores Leyes consideró que la causa es compleja por tratarse de un hecho violento que resultó en la muerte de una de las víctimas, por lo que tuvo por acreditado el riesgo procesal planteado por la fiscal. Por eso rechazó el pedido de prisión domiciliaria planteado por la defensa e hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal: prorrogó la prisión preventiva de Becerra por setenta días.
