San Luis avanza en la discusión de una reforma parcial de su Constitución con mesas de diálogo y con propuestas fuertes, como la eliminación de las elecciones legislativas de medio término, la incorporación del balotaje para elegir gobernador y vicegobernador y el reconocimiento de una nueva generación de derechos relacionados con la tecnología, la identidad digital, los algoritmos y la conectividad.
Son parte de un paquete más amplio que también propone limitar más la reelección del gobernador, modificar la selección de magistrados, independizar al Ministerio Público del Poder Judicial y otorgar jerarquía constitucional al agua como recurso estratégico. La propuesta parte de un objetivo general: “dotar de mayor institucionalidad” a San Luis y adaptar una Constitución, sancionada en 1987, a los cambios políticos, institucionales y tecnológicos de las últimas cuatro décadas.
Cada cuatro años
Uno de los cambios más notorios para la dinámica política es la eliminación de las elecciones de medio término. Hasta ahora, la renovación parcial de la Legislatura sucede cada dos años. La reforma propone que diputados y senadores sean elegidos en su totalidad cada cuatro años, en la misma elección que gobernador y vice. Este esquema alcanzaría también a los concejos deliberantes municipales.
Los fundamentos del proyecto apuntan a que vivimos en un clima de “campaña permanente”. Sostienen que el calendario electoral cada dos años genera mayores costos para el Estado, un desgaste progresivo de los ciudadanos y una politización que dificulta la planificación y ejecución de políticas públicas de mediano plazo.
La transición, sin embargo, incluye una cláusula que podría formar parte de una discusión más caliente: los diputados, senadores y concejales elegidos en 2025 cuyos mandatos finalizarían en 2029 continuarían, por vía excepcional, hasta 2031. A partir de ese año comenzaría la renovación completa y simultánea cada cuatro años.
La propuesta también busca ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que se extendería desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre. El objetivo es reducir el actual receso legislativo, en línea con la reducción del 50 por ciento de la feria judicial que ya fue dispuesta en la Provincia.
Balotaje
Otra modificación significativa es la doble vuelta electoral: la Constitución podría incorporar el balotaje para la elección de gobernador y vice. El argumento es que por esta vía se garantiza una mayor legitimidad popular de la fórmula elegida.
Además, el cambio se complementa con una modificación del régimen de reelección: la propuesta establece un máximo absoluto de dos mandatos para el gobernador, sean consecutivos o alternados. Es decir, una persona que completa dos períodos no podrá volver al cargo.
Para aplicar esa disposición se incluye una cláusula específica: el mandato 2023-2027 del actual gobernador será considerado como el primero dentro del nuevo sistema. Es decir, si reelige el año próximo, será su último mandato.
Internet y algoritmos
Pero uno de los aspectos más novedosos está lejos de lo electoral. La última reforma de la Constitución fue en 1987: internet todavía no formaba parte de la vida cotidiana, los teléfonos celulares tampoco y conceptos como redes sociales, inteligencia artificial, identidad digital o uso algorítmico de datos personales pertenecían todavía al futuro.
Casi cuarenta años después, aparecen derechos relacionados con la identidad digital, la protección de los datos personales y el acceso universal a la conectividad. También el hábeas data como mecanismo de protección, junto con el acceso a la información pública, el gobierno abierto y la transparencia. El proyecto los define como derechos de “cuarta generación” y los vincula con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. A ese debate se sumó también el obispo Gabriel Barba, quien acercó un documento con sugerencias para avanzar en la incorporación de la defensa de la dignidad humana frente al desarrollo de la inteligencia artificial.
El planteo está en línea con Magnifica Humanitas, la reciente encíclica del papa León XIV, centrada en la protección de la persona humana ante los desafíos que plantea la IA.
El agua
Otro eje que subiría de jerarquía es el agua. La propuesta quiere reconocerla como derecho humano y recurso estratégico y plantea una administración con perfil técnico que pueda sostenerse más allá de los cambios de gobierno, a través de un funcionario con idoneidad acreditada, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años, que no coincida con el ciclo político de cuatro años.
Otra Justicia
El proyecto también revisa la arquitectura actual del sistema judicial. Una de sus reformas centrales es la separación del Ministerio Público respecto del Poder Judicial para convertirlo en un organismo extrapoder, con una Procuración General y una Defensoría General.
Además, aparece la modificación del Consejo de la Magistratura, con representación académica y del Senado. En los concursos para cubrir cargos judiciales se establecería un orden de mérito y la terna remitida al Ejecutivo sería vinculante, aunque el gobernador podría apartarse del orden mediante una decisión fundada.
Para futuras designaciones se incorpora además un límite de 75 años en cargos actualmente vitalicios del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. La medida no afectaría a quienes ya ocupen esos cargos al momento de entrar en vigencia la eventual reforma.
Mesas de diálogo y un largo camino por delante
Antes de llegar a la Legislatura, el proyecto que declara la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial atraviesa instancias de discusión encabezadas por el vicegobernador Ricardo Endeiza, quien mantuvo reuniones con senadores y diputados provinciales. También con el constitucionalista Cristian Altavilla; la ministra del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso; el procurador general Eduardo Cadelago Filippi y la defensora general Marcela Torres Cappiello.
Además, Endeiza llevó a dos universidades a la mesa de debate: la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Católica de Cuyo. El proyecto que llegará a la discusión legislativa no modifica nada. Lo que hace es declarar la necesidad de una reforma y establecer los temas sobre los cuales podrá intervenir una Convención Constituyente. Si ese proceso avanza, serán elegidos 52 convencionales por voto popular. Ellos tendrán la responsabilidad de definir qué modificaciones quedan incorporadas y cuáles no.
