Dos fiscales de San Luis pidieron que los tres acusados de fabricar certificados médicos truchos y vendérselos a empleados públicos sean condenados a cinco años de prisión, por delitos contra la administración pública provincial.
La Fiscalía de Instrucción N° 3, representada por el fiscal Esteban Roche y la fiscal adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera, acusaron a José Toledo, Paola Tonelli y Graciela Apaza y solicitaron que la causa en su contra sea elevada a juicio oral.
El caso fue descubierto el 6 de marzo de 2024, cuando un médico denunció en la Unidad de Abordaje Fiscal que su firma y su sello habían sido utilizados sin su autorización para emitir documentos falsos. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en conjunto con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis. Con la colaboración de la empresa Meta, se logró identificar a los administradores de la cuenta vinculada a la venta ilegal de certificados.
En uno de los allanamientos en el domicilio de Tonelli y Toledo secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsificados, formularios de ANSES, copias de DNI, hojas de prueba de sellos y el teléfono celular de Tonelli.
Según detalló el fiscal Roche, un peritaje caligráfico confirmó que las firmas y sellos en los documentos incautados eran falsificados. Además, en el celular de Tonelli hallaron conversaciones que evidencian la venta de certificados médicos por montos que iban de $1.200 a $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, en una cuenta registrada a su nombre.
Entre los archivos recuperados, encontraron también certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares. También constataron que la imputada ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp.
Con el avance de la investigación, realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de la pareja acusada, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, Apaza Señani, indicada como la encargada de imprimir los documentos apócrifos.
Tareas repartidas
Según la acusación fiscal, los imputados cometieron distintos delitos. A Tonelli y Apaza las acusan de asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. La fiscalía considera que ambos delitos fueron cometidos en concurso real, lo que significa que se los trata como delitos independientes y en caso de condena se sumarán sus penas.
A Toledo (pareja de Tonelli y empleado estatal) lo acusan de defraudación a la administración pública, falsificación de documentos (estos dos delitos están en concurso ideal, lo que significa que con un solo acto habría cometido ambos delitos) y asociación ilícita.
En este caso, todo se considera en concurso real con la asociación ilícita, lo que indica que este último delito es independiente de los otros y se sumaría a la pena en caso de condena.
“Entendemos que entre los tres imputados existía un plan en común a efectos de falsificar y comercializar documentos apócrifos, documentos tanto de carácter público como de privado, con una clara división de tareas en lo que nosotros denominamos esta asociación ilícita”, narró Roche.
Para la Fiscalía, Tonelli ofrecía los certificados a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp y Toledo recibía los pagos y además hacía uso para beneficio personal de los certificados apócrifos.
Respecto de Apaza, el fiscal dijo que imprimía los documentos que la pareja le enviaba y que tenía conocimiento de las maniobras ilegales. “Ella lo que hacía era imprimir las cosas que ambos imputados le mandaban siendo estos documentos de carácter apócrifo y que nosotros entendemos que Apaza tenía conocimiento de ello, sino que incluso hacía bastante tiempo que tenía conocimiento de este accionar y conocía bien a ambas personas”, cerró el fiscal.
