Eduardo Luis Bonilla, el anciano de 72 años detenido en agosto del año pasado en San Luis, durante los allanamientos del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, por almacenar y distribuir Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), sería condenado a cuatro años de prisión domiciliaria. Eso, al menos, acordaron la defensa del acusado y la Fiscalía. La jueza María del Valle Durán resolverá si aprueba el acuerdo.
Diez meses después de ser detenido en su domicilio del barrio 123 Viviendas, Bonilla fue juzgado este jueves a través de un juicio abreviado por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía de Género N° 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, solicitó en la audiencia que la causa culminara bajo el procedimiento alternativo del juicio abreviado, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensora oficial Agustina Tobares. Y que el hombre sea condenado a cuatro años de prisión domiciliaria por ser autor de “facilitación y distribución de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”, y por la “tenencia de dichas representaciones con fines inequívocos de distribución”. Ambos hechos están agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.
Córdoba manifestó su conformidad con la calificación legal y la pena pactada, aunque dejó asentado que no comparte, a título personal, la modalidad de cumplimiento domiciliario de la prisión.
El defensor de Niñez y Adolescencia Nº 2, Nahuel Lede Zajic, y la defensora adjunta N° 1, Belén Suárez, adhirieron a la postura de la Fiscalía. La fiscal Córdoba recordó que la investigación se inició a partir de un reporte del 9 de junio de 2025, que detectó actividad ilícita vinculada a una dirección IP asociada al imputado. La IP (protocolo de internet) es un número de identificación único que se le asigna a cualquier dispositivo conectado a una red informática.
En el allanamiento realizado el 26 de agosto en el domicilio de Bonilla secuestraron dispositivos en los que, de manera preliminar, se constató que entre enero y abril de 2025 descargó y compartió más de 2.500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa.
Con el avance de la investigación, el Departamento de Investigación de Delitos Complejos, del Poder Judicial, elaboró un informe pericial final, fechado el 15 de diciembre de 2025, en el que identificó aproximadamente 164.000 imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil, muchos de ellos con víctimas menores de 13 años.
El mayor volumen del material fue hallado en una notebook, seguido de un disco rígido y un pendrive. Los peritajes también detectaron búsquedas específicas, uso de aplicaciones de intercambio de archivos, navegadores con funciones de anonimato y herramientas con posibles efectos antiforenses, además de archivos encriptados. Según la fiscal, estos elementos evidencian conocimientos técnicos y una conducta sistemática que excede la mera tenencia.
Bonilla reconoció los hechos, admitió su responsabilidad y aceptó la calificación legal y la pena impuesta por la Fiscalía. El cumplimiento de la condena, según el acuerdo, sería en un inmueble de la avenida Lafinur de la ciudad de San Luis.
La audiencia se realizó ante la jueza Durán, quien luego de escuchar a las partes pasó la causa a resolver. Tiene hasta diez días hábiles para decidir si homologa o no el acuerdo presentado. Mientras tanto, hasta el dictado de la sentencia, el acusado continuará en el Servicio Penitenciario, bajo prisión preventiva.
