Las fiscales instructoras de Villa Mercedes, Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz, concluyeron de manera tajante, luego de revisar casi un sinfín de pruebas, que Yohana Pamela Escudero no fue empujada a quitarse la vida, ni mucho menos fue víctima de un crimen. Determinaron que se suicidó, por razones que no vienen al caso divulgar porque forma parte de la naturaleza personal de cada uno y las profundidades oscuras que tienen a veces las mentes humanas.
Recientemente el fiscal de juicio Ernesto Lutens revisó la resolución de sus colegas, por un planteo de Javier Quiroga, el abogado de los Escudero. La familia asegura a fuego y sangre que la mujer de 36 años no se mató, sino que fue asesinada por Lucas Gatica, su pareja y padre de sus dos hijos, a quien tacharon de femicida desde un primer momento. Sin embargo, lejos de coincidir con la versión de homicidio por el vínculo que sostienen los parientes, Lutens les dio toda la razón a sus pares del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Yohana le puso fin a su vida la tarde del 19 de enero pasado, ahorcándose en el baño de su casa, con su nena de cinco años y su hijo de 14 dando vueltas en otros sectores de su inmueble del barrio 100 Viviendas de Villa Mercedes, concluyó el funcionario público. Tal, como dispusieron, el 26 de febrero Milstein y Cabrera Muñoz, al establecer que todo fue un suicidio la causa fue archivada. El fiscal de juicio, en consonancia, confirmó esa medida también.
Los Escudero no se quedaron con eso. Se manifestaron fuera de los tribunales mientras las fiscales daban a conocer, en una conferencia de prensa, su resolución y su porqué con el minucioso detalle de sus averiguaciones. Luego realizaron otro par de marchas pacíficas en las calles de la ciudad, que no hicieron mella en la resolución judicial. Dependían enteramente de si la apelación de su nuevo abogado era capaz de revertir el archivo y considerar lo que para la familia es la verdad: Yohana fue víctima de un suicidio inducido o «plantado» a manos de su pareja.
Entre los puntos a revisar y pruebas a tener en cuenta, planteados en la apelación el representante de los hermanos y la madre de la mujer fallecida criticó la no realización de una autopsia psicológica, aquel estudio que llevan a cargo a través de exhaustivas entrevistas a las personas más cercanas y que más conocían a quien murió, para elaborar así un perfil de ella. Ese tipo de pericia fue aplicada, por ejemplo, muchos años después de la desaparición de Abel «Pochi» Ortiz para descubrir si tenía una personalidad propensa de esfumarse así de la nada, de un momento a otro, de la vida de quienes más lo amaban y aman en este mundo.
En la apelación, también requirieron que los hijos de Yohana pudieran contar en Cámara Gesell todo lo que vieron el 19 de enero en cuestión. Pero esa audiencia fue suspendida a último momento, porque la psicóloga encomendada para entrevistarlos concluyó que ninguno de los menores de edad estaba en condiciones de ser sometidos a ese interrogatorio por más ameno que intentaran hacerlo.
«El papá la agarró del cuello, la mató, la mató a mi mamá”, repitieron Vanesa y Jesica, dos de las hermanas de la mujer que ya no está, sobre lo que habría relatado su sobrinita de cinco años respecto a lo que vio el último día de vida de Yohana. Aseguraron que la chiquita alcanzó a decir eso, poco antes de ingresar a Cámara Gesell, y ahí nomás su hermano mayor le pidió que se callara.
Lo cierto es que, en este contexto, en el que tres fiscales coinciden en que lo que ocurrió fue un suicidio y nada más, la familia de Yohana se encuentra ante un panorama muy adverso, no imposible de dar vuelta, pero sí muy complicado. De hecho, la posibilidad de intentar reabrir la causa, en el hipotético caso que lo consiguieran, sentaría todo un presente.
La vía más clara sería, según le explicaron dos profesionales del derecho a esta periodista, la actuación de un querellante autónomo. En otras palabras, que el abogado de los Escudero se calce el traje y el agotador trabajo de investigar por su cuenta, reunir pruebas que puedan tumbar la cosa ya dicha sobre el suicidio o, al menos, que la evidencia sea suficiente para desarchivar la causa, pues el archivo no constituye nunca un estado irreversible, sin vuelta atrás.
De todas formas, no la tendrá fácil el o la letrada que asuma esa tarea, solo si la familia de Yohana decide seguir por ese camino que, dicho sea de paso, es quizás el más costoso y engorroso de todos.
Por ahora esa propuesta se presenta como la única salida plausible. Para colmo, el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia no es muy claro al respecto. En algunos pasajes es ambiguo y en un caso como este, en el que una abogada o un abogado autónomo podría cargarse a las espaldas la labor de revertir algo que ya tres fiscales echaron por tierra, no es tampoco la excepción.
El solo hecho de ubicar un testigo y convencerlo de comparecer en los tribunales ya es mínimo penoso. «Los testigos no vienen ni cuando los mandan a llamar por la fuerza pública… Imagínate si se lo dice un abogado particular, le tiene que pedir a Dios para que le haga el favor de presentarse», comentó uno de los letrados consultados.
El representante de los Escudero, en el mejor de los casos, debería trabajar con el juez de Garantías; visto que como lobo solitario su investigación carecería de sentido. El otro abogado que habló con este medio remarcó que el archivo nunca es la palabra final en una causa, pero sí reconoció que la Justicia esa de los «doctores» está muy lejos de algo semejante.
