El Gobierno nacional hizo un balance de la aprobación en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, aunque celebró haber conseguido la media sanción, puertas adentro reconoció que el tratamiento del proyecto dejó al descubierto problemas en la estrategia política y comunicacional del oficialismo.
La iniciativa logró avanzar recién después de que el Ejecutivo aceptara eliminar del texto original los artículos vinculados con la venta de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, dos puntos que generaban fuerte resistencia entre distintos bloques y que impedían alcanzar los apoyos necesarios.
Desde el entorno presidencial relativizaron esas concesiones y sostuvieron que lo importante era evitar que el proyecto fracasara. “Peor era que no saliera. Es una ley amplia y contiene muchos aspectos relevantes”, señalaron desde la mesa política del oficialismo.
En el Gobierno también admitieron que la propuesta no fue presentada de manera clara y que los tiempos legislativos no fueron los adecuados. Esa autocrítica coincidió con las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien aseguró que la discusión se vio condicionada por otros temas de la agenda política y definió al proyecto como una iniciativa que «vino un poco endiablada».
Dentro del oficialismo también hubo cuestionamientos al trabajo previo a la sesión. Referentes parlamentarios consideraron que una ley de semejante magnitud debía llegar al recinto con los consensos ya construidos para reducir el margen de conflicto durante el debate.
La intención del Ejecutivo es que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto, junto con otras iniciativas incluidas en la agenda legislativa, con el objetivo de obtener la sanción definitiva.
En Balcarce 50 también reconocen que el texto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, era demasiado ambicioso. De hecho, la iniciativa atravesó 16 versiones y cuatro intentos de negociación antes de conseguir una aprobación parcial en el Senado.
Otro de los puntos que el oficialismo considera necesario corregir es la comunicación pública del proyecto. En la Casa Rosada entienden que el mensaje no logró transmitir el verdadero alcance de la norma y que la discusión terminó enfocándose en aspectos puntuales, como la cuestión de las tierras, dejando en un segundo plano el resto del contenido.
Federico Sturzenegger, el apuntado ante los traspiés del Gobierno
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concentró miradas críticas por generar dos acciones que naufragaron estrepitosamente y le generaron un dolor de cabeza al Gobierno.
La primera de ellas fue la arquitectura del decreto 690/2026 que modificó la actividad en los puertos y que provocó un paro con grandes pérdidas económicas.
La segunda, fue haber generado el capítulo de venta de tierras ilimitada para extranjeros y que no tuvo ningún tipo de consenso parlamentario y social.
Aquellos funcionarios que lo trataron en el último tiempo, que compartieron encuentros de trabajo e intercambiaron apreciaciones con el ministro, lo describen como alguien que se “extralimita”.
Que no tiene muy en cuenta los límites políticos y sociales a la hora de pensar medidas en su afán de destruir el Estado. En definitiva, lo señalan como una especie de alter ego del presidente Javier Milei.
Pero ese pensamiento y modo de acción le cuesta caro, tal como se vio esta semana. Ideó un decreto para desregular la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país. Inmediatamente, la disposición provocó un paro en los puertos, con una consecuencia palpable: pérdidas millonarias en el sector.
Sturzenegger no quiso en ningún momento dar marcha atrás pero la realidad, y los actores, lo obligaron a suspender el decreto. El Gobierno tuvo que hacer algo que evita: dialogar con otros actores y buscar consensos, algo que terminó sucediendo con un esquema de trabajo. Más de un funcionario se acordó de los familiares de “Sturze” por la ostensible marcha atrás y un tiempo que se perdió sin sentido en la batalla.
Pocos días después, uno de los artículos más relevantes de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el número 3, también tuvo el mismo destino que el decreto 690 que ideó el ministro.
