Rodríguez Saá quiere irse sacando de las cuentas del Estado otros 21 mil millones. Los usaría como anticipo para pagarle a tres empresas constructoras que se presentaron a licitaciones pese a un proceso judicial en marcha.
El pago de los sueldos de los estatales correspondientes al mes de diciembre quedó en manos de lo que decidan los jueces del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
Esto es así porque esos jueces deberán resolver sobre dos medidas que pidió el gobernador electo, Claudio Poggi para impedir el pago que Rodríguez Saá quiere hacer en concepto de anticipos a tres empresas – Rovella Carranza, Semisa y Serving SRL- oferentes en licitaciones de más de 70 mil millones pesos.
Esas obras fueron impulsadas con el único objeto de vaciar a cero las arcas provinciales y comprometer los fondos de la gestión del próximo gobierno que se iniciará en 32 días.
Los jueces pueden impedir con esas medidas cautelares que Rodríguez Saá se vaya y con él ese dinero desaparezca de las cuentas del Estado Provincial. Las dos presentaciones fueron impulsadas por el gobernador electo Claudio Poggi, con el patrocinio letrado del vicegobernador electo, Ricardo Endeiza.
Los 21 mil millones que Rodríguez Saá quiere sacar son casi el equivalente al monto mensual de los salarios diciembre, que llega a $26.150 millones, sin considerar el aguinaldo.
