El historial de postergaciones en la causa por posible enriquecimiento ilícito contra Nicolás Anzulovich llegó ayer a un punto de inflexión. El juez Marcos Flores Leyes fijó para el jueves 21 de mayo a las 11 la audiencia para continuar con la formulación de cargos contra el exministro del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
La resolución fue dictada luego de que el expediente regresara desde la Procuración General de la Provincia, adonde había sido remitido tras el planteo de nulidad presentado por la defensa de Anzulovich. Con esa devolución, el último intento de la defensa por bloquear el proceso quedó sin efecto.
En los fundamentos del auto, el magistrado fue preciso respecto del camino procesal que seguirá el expediente. Flores Leyes dispuso «continuar con la formulación de cargos en los términos del artículo 110 del Código Procesal Penal» y ordenó notificar al exfuncionario en su domicilio de Juana Koslay.
El planteo que buscó frenar la imputación
La audiencia original había sido suspendida luego de que la defensa del exministro cuestionara un dictamen de la fiscal Virginia Palacio referido a la continuidad del fiscal Francisco Assad dentro de la investigación. Fue ese planteo el que derivó en la remisión del expediente al procurador general, quien debía determinar cuál de los dos dictámenes fiscales contradictorios tenía validez jurídica. La respuesta de la Procuración despejó el camino para que la audiencia se reanude.
El juez había argumentado su decisión original señalando que «los dictámenes contradictorios de la Fiscal de Juicio conllevan a la falta de afirmación de la acción del Fiscal de Instrucción», entendiendo que esa incertidumbre impedía avanzar con la formulación de cargos. Resuelta la disputa en la Procuración, ese argumento ya no subsiste.
Con esta nueva resolución judicial, el expediente vuelve a encaminarse hacia la instancia formal de imputación contra Anzulovich. La investigación, que acumula una sucesión de incidentes procesales desde su inicio, busca determinar si el exministro incurrió en enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social entre 2019 y 2023.
La nueva fecha del 21 de mayo representa, hasta el momento, la oportunidad más concreta para que la justicia sanluiseña avance hacia la imputación formal del exfuncionario, después de tres suspensiones consecutivas que mantuvieron el proceso en un punto muerto.
