El gobierno de San Luis y la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC) presentaron el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), una iniciativa que busca proteger el oeste de las Sierras Centrales de la provincia. La presentación, que se llevó a cabo en la UNLC, contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi.
La UNLC fue designada como entidad técnica formuladora por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según la rectora de la UNLC, Agustina Rodríguez Saa, la elección de la universidad se debe al “prestigio del cuerpo docente y de investigadores, vinculado principalmente a nuestra Tecnicatura en Gestión de Incendios Forestales”. El plan, además de ser una respuesta técnica, tiene una visión “socioambiental”. “Por eso todo el proceso participativo (que es lo que se llama ‘salvaguarda’), que en definitiva es resguardar los derechos humanos como derecho al trabajo y a la igualdad,” agregó la rectora.
El gobernador Claudio Poggi señaló que “cuidar el ambiente, que supone cuidar la flora, la fauna y el agua es asegurar el futuro, que las generaciones futuras puedan vivir mejor”. También hizo hincapié en la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones: “no nos podemos dar el lujo de ser islas, tenemos que articular”. El agua que consumen los habitantes de San Luis se origina en el oeste de la provincia, lo que subraya la importancia de este plan para la preservación hídrica.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Cacace, destacó la importancia de la participación ciudadana en el plan, porque, como dijo el gobernador, “los incendios no solo destruyen campos: destruyen vidas”. Además, el secretario señaló que la provincia, tras corregir rendiciones de años anteriores, se convirtió en una de las siete en recibir fondos para este tipo de iniciativas. El coordinador ejecutivo del PPIF, Victorio Patetta, con firmó que la provincia logró obtener fondos a través del Fondo Verde del Clima y la FAO, lo que les permitió contratar a “21 técnicos de primer nivel trabajando en esta elaboración”.
El coordinador técnico del proyecto, Juan Franco Todone, continuó la ponencia: “Remarcar que la Ley de Bosque Nativo es importante, yo lo digo como ingeniero forestal, pero es importante para la comunidad. La Ley viene a poner en valor el hecho de que no es solo es bosque nativo, un árbol, sino que el bosque provee toda una serie de beneficios y servicios al ecosistema”.
“El paisaje forestal serrano tiene un valor fenomenal en la provincia, que ahora se pone en valor gracias al Gobierno de San Luis. Gracias por confiar en nosotros”, manifestó. Luego, explicó que protegerán las nacientes de agua que parten desde Quines, pasando por Luján, Leandro N. Alem, San Francisco del Monte de Oro, Nogolí, Villa de la Quebrada, Suyuque/ Los Molles, hasta La Punta.
El recorrido del plan
El plan se llevará a cabo a lo largo de 18 meses e incluirá cinco etapas clave: diagnóstico territorial, mapas de riesgo, diseño de acciones de prevención, gestión ambiental y planificación de inversiones. El coordinador técnico, Juan Franco Todone, explicó que el proyecto busca poner en valor el bosque nativo y sus servicios al ecosistema. También enfatizó que el cambio climático hace que los incendios sean más devastadores, por lo que es vital proteger el bosque, “que ahora se pone en valor gracias al Gobierno de San Luis”.
Talleres participativos para integrar la provincia
Una parte fundamental del proyecto son los talleres participativos, coordinados por la coordinadora del equipo socioambiental Estefanía Busto, que buscan garantizar la “representatividad de todos los sectores”. El 30% de las contribuciones deben provenir de mujeres. Estos talleres, que comenzarán próximamente, están definidos en cinco zonas: Luján, San Francisco del Monte de Oro, Nogolí, Villa de la Quebrada y La Punta.
“Lo que realizamos fue el mapa de actores que formarán parte de los talleres participativos. En esa construcción, tomamos como base un documento aportado por la FAO, a partir de diferentes aprobamientos, tanto in situ como mediante entrevistas personales o telefónicas. El objetivo principal del mapa es garantizar la participación, pero sobre todo la representatividad de todos los sectores”, dijo.
“¿Cómo quedó conformado nuestro mapa? Con actores gubernamentales y municipales a nivel provincial y nacional, municipales, instituciones educativas, el sector académico, técnicos, científicos y grandes productores”, apuntó. “Los primeros talleres conforman una etapa de diagnóstico, ahí se trabajará en la identificación de áreas prioritarias de intervención y luego el equipo técnico va a analizar toda la información relevada”, anticipó.
A posteriori, estos datos serán presentados en febrero para lograr un consenso en las acciones planificadas. Para marzo de 2026, está previsto el desarrollo de un plenario en Casa de Gobierno, en el cual se expondrá la información final.
