La medida fue adoptada por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Además de la sanción educativa, los padres o tutores legales de los jóvenes involucrados podrían enfrentar consecuencias en el ámbito contravencional, dado que las amenazas e intimidaciones públicas constituyen delitos que fueron denunciados ante la Justicia penal.
Desde el ministerio se recomendó a los adultos responsables dialogar con los jóvenes sobre el uso responsable de la información y las implicancias legales de este tipo de conductas. Ante situaciones similares, los directivos de escuelas públicas y privadas de toda la provincia cuentan con la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar, conocida como GUIARSE, que incluye más de 70 protocolos de actuación para proteger a los alumnos y a la comunidad escolar.
El Ministerio Público Fiscal continúa investigando casos similares en otras instituciones educativas provinciales, mientras que la cartera educativa mantiene activos programas de capacitación y acompañamiento a cargo de la subdirección de Bienestar Escolar, orientados a fortalecer la convivencia y promover entornos seguros.
