La Fiscalía de Estado de San Luis presentó una denuncia penal contra el diputado provincial Darío Neira, ex jefe de la Policía provincial, por la difusión en redes sociales de publicaciones que incluyen imágenes de personal policial, vehículos oficiales y simbología institucional acompañadas de consignas vinculadas a reclamos salariales del sector.
La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado adjunto Rafael Berruezo y el jefe de la Sala Penal Santiago Calderón Salomón, con patrocinio de la fiscal de Estado María Fabiana Zárate, y solicita al Ministerio Público Fiscal la apertura de una investigación preliminar para determinar si los hechos podrían revestir relevancia penal. Según el escrito, en fechas recientes se detectaron publicaciones atribuidas al legislador en las que aparecen efectivos uniformados y equipamiento de la Policía de San Luis junto a mensajes de carácter reivindicativo. Entre las frases citadas en la presentación figuran consignas como “Los trabajadores no necesitan slogans, necesitan un plan maestro salarial digno” y “No hay dignidad sin salario digno. En San Luis hoy trabajar no alcanza”.
La Fiscalía sostiene que el uso de imágenes institucionales en ese contexto genera una “asociación directa” entre la institución policial y el contenido difundido, y advierte que las publicaciones se produjeron en medio de un escenario de conflictividad vinculado a reclamos salariales del personal policial, con circulación de convocatorias a movilizaciones y la realización de algunas manifestaciones.
El documento subraya que la gravedad institucional del caso se vincula con la trayectoria del denunciado dentro de la fuerza. Aunque retirado –fue el jefe de Policía en la desaparición de Guadalupe Belén Lucero-, el escrito afirma que su condición de ex jefe policial le impone deberes especiales de resguardo del prestigio institucional, neutralidad funcional y respeto por los principios de disciplina y subordinación propios de la organización policial.
En ese marco, la presentación plantea que la difusión de mensajes con simbología policial en coincidencia temporal con convocatorias a movilizaciones podría generar percepciones de adhesión orgánica de la institución a reclamos sectoriales y afectar el normal funcionamiento de los servicios de seguridad, además de tener potencial impacto en el orden público.
La denuncia menciona que las conductas podrían encuadrar, en principio, en normas administrativas que sancionan la propaganda tendenciosa o la difusión de contenidos capaces de generar malestar o desconcierto dentro de la fuerza, aunque sostiene que el contexto y el alcance público de las publicaciones podrían habilitar una evaluación penal que deberá determinar el Ministerio Público Fiscal. Evaluada la conducta, podría encuadrar en el delito de incitación a la violencia art. 212 c.p. con una pena de 3 a 6 años de prisión.
Como parte de la presentación, la Fiscalía de Estado solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas la certificación informática de las publicaciones, la verificación de la titularidad de las cuentas desde las que fueron difundidas, informes de la Policía sobre la normativa vigente para el uso de símbolos institucionales y datos sobre la situación funcional del denunciado.
La presentación pide que se tengan por formuladas las actuaciones y que se disponga la apertura de la investigación preliminar.
