Imputaron a expsiquiatra del Poder Judicial por dar certificados médicos truchos a empleados del Estado

A Franco Mastronardi lo investigan por otorgar 97 certificados médicos a 31 empleados públicos, por un total de 2.989 días de inasistencia por supuestos problemas de salud. En este caso, lo imputaron por el caso de una trabajadora que le pidió la certificación para viajar a España.
28 de agosto de 2026
El psiquiatra Mastronardi, a la izquierda (la imagen del rostro está distorsionada porque aún goza de presunción de inocencia), durante la audiencia en la que le formularon cargos.

El médico psiquiatra Franco Mastronardi, experito del Poder Judicial de San Luis, fue imputado en una causa en la que lo investigan por falsear información sobre el estado de salud de empleados públicos y otorgar casi un centenar de certificados para que obtuvieran licencias por un total de casi tres mil inasistencias al trabajo, con goce de haberes. Junto a él también fue imputada la exempleada pública Noelia Fernández, quien obtuvo una de esas certificaciones truchas para irse a pasear a España.

La jueza de Garantía Nº 2 de San Luis, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos contra Mastronardi y Fernández, en el marco de una investigación iniciada a partir de certificados médicos otorgados a agentes de la Administración Pública provincial.

La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, formuló cargos contra Mastronardi por los delitos de falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa. A Fernández le atribuyó, en carácter de coautora, el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que Mastronardi ingresó al Poder Judicial de San Luis en marzo de 2012 y se desempeñó como médico psiquiatra del Departamento de Ciencias Médicas de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circunscripción Judicial hasta su cesantía, dispuesta en 2025. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal (MPF), por el cargo que ocupaba estaba alcanzado por una incompatibilidad para ejercer privadamente la profesión.

La investigación fiscal comprende 97 certificados médicos emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a favor de 31 agentes públicos, que habrían permitido justificar un total de 2.989 días de inasistencia por razones de salud.

Al momento de resolver, la jueza aclaró que, para tener por formulados los cargos en esta instancia, no valoró la totalidad de esos 97 certificados ni los casos correspondientes a los 31 agentes, sino específicamente los hechos vinculados con Fernández.

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