El exministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, fue imputado este lunes como presunto líder de una asociación ilícita, en concurso ideal con administración fraudulenta, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión efectiva.
La formulación de cargos alcanzó además a Miguel García Montañi, contador de El Relincho S.A.; Sofía Aguilera, secretaria y persona de estrecha confianza de la familia; y al actual intendente de Fortuna, Diego “Fito” Lucero.
Freixes siguió la audiencia de manera virtual desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde actualmente cumple una condena de seis años de prisión en otra causa judicial. Los demás imputados estuvieron presentes en forma presencial ante la jueza Natalia Pereyra Cardini.
En tanto, Viviana Moreira, esposa de Freixes y también denunciada en el expediente, fue autorizada a no asistir debido a que permanece internada en el Hospital Carrillo. Según se informó en la audiencia, deberá comparecer una vez que reciba el alta médica.
La investigación, impulsada por el fiscal Maximiliano Bazla, lleva más de dos años de recolección de pruebas, informes contables y análisis de movimientos financieros. Para Fiscalía, el conjunto de evidencias permitió avanzar con una acusación formal contra el exfuncionario y el resto de los involucrados.
Durante la audiencia, el abogado de Fiscalía, Flavio Avila, sostuvo que los informes contables detectaron “transferencias o gastos irregulares por más de un millón de dólares” y apuntó directamente contra Freixes como responsable del esquema investigado.
“Quien claramente aparece como líder de la asociación ilícita es Sergio Freixes, quien tenía facultades de administración otorgadas por el Gobierno provincial sobre el territorio ranquel, y fue quien dispuso el manejo de esos fondos junto a la cofirma del contador García Montañi”, afirmó.
Avila remarcó además que la magnitud de la maniobra investigada no tiene antecedentes recientes en la provincia. “No recuerdo en San Luis causas tan avanzadas y sólidas por asociación ilícita en perjuicio del Estado, con montos de dinero de semejante dimensión”, expresó.
El representante del Ministerio Público también vinculó el expediente con otra causa de fuerte impacto político y judicial. “Esta causa y la del Molino Fénix muestran un mismo patrón: grupos de personas administrando recursos públicos como si fueran propios, provocando un enorme perjuicio al Estado provincial”, concluyó.
