En un día con audiencias por partida doble, Viviana Moreyra, la esposa del exministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, recibió un duro revés judicial. Por un lado, los fiscales instructores Maximiliano Bazla Cassina y Nayla Cabrera Muñoz le formularon cargos por «administración fraudulenta» y «asociación ilícita», en una causa que sigue los movimientos de ingreso y egreso de fondos relacionados a la comunidad ranquel. Y, por otro, la fiscal adjunta Andrea Court la imputó por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», «fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel» y «peculado», delitos en los que habría incurrido, según las averiguaciones de la Fiscalía de Instrucción 3, en su carácter de ex intendente comisionada de la Municipalidad de Nueva Galia desde 2001 a 2015. Cuando ambas audiencias llegaron a su tramo final, la jueza de Garantías que las presidió resolvió hacer lugar a cada una de las imputaciones y, como medida restrictiva para asegurar el curso natural de las investigaciones, le prohibió a la acusada salir del país los próximos cuatro meses.
Bazla Cassina y Cabrera Muñoz explicaron que la mujer integró, de manera activa, una asociación conformada lisa y llanamente para cometer «delitos indeterminados». Entre otras operaciones que ejecutaba esa presunta banda delictual estaba el otorgamiento de un poder a otro de los imputados para operar una cuenta bancaria con movimientos de ingresos y egresos de la comunidad ranquel.
Mencionaron que pertenecía a una firma de la cual «provenían los fondos, emitían documentación de gastos y egresos y facturaban servicios indebidos o duplicados en la administración fraudulenta de fondos públicos municipales y coparticipables». El seguimiento de esa cuenta les permitió a los investigadores detectar pagos duplicados y movimientos en beneficio personal que excedían el concepto agropecuario.
Entre las pruebas con las que cuenta la fiscalía para sustentar su hipótesis hay informes contables, pericias sobre libros contables, análisis con operaciones de ingresos y egresos, documentación de cesiones de derechos, poderes y contratos, enumeraron.
Como parte de su defensa, los abogados de Moreyra, Pascual Celdrán y Valentín Rivadera, manifestaron que su clienta no manejaba la administración de la sociedad y tampoco era funcionaria pública.
Pero ese argumento no fue suficiente. A la hora de resolver, la jueza Natalia Pereyra Cardini estuvo de acuerdo con las formulaciones de cargos planteadas por el Ministerio Público Fiscal y le dictó la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial.
Cuando esa audiencia terminó, continuó la de la causa que tramita la Fiscalía de Instrucción 3 y Moreyra sumó otras tres imputaciones. Allí Court sostuvo que la esposa de Freixes cometió «incumplimiento de los deberes de funcionario público», «fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel» y «peculado» cuando fue intendente comisionada de Nueva Galia. Según la teoría fiscal, durante esa gestión omitió la presentación de balances trimestrales y la documentación respaldatoria del gasto de fondos públicos asignados a la comuna.
