La cuenta regresiva ya está en marcha. El próximo lunes comenzará en San Luis el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de haber utilizado recursos públicos para beneficiar al San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía.
El debate se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo ante un tribunal integrado por Fernando De Viana como presidente y las juezas Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.
Ramírez llega al juicio imputada por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó una pena de cinco años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa fue elevada a debate oral en mayo de 2025. Desde entonces hubo distintas presentaciones de la defensa que demoraron el inicio del proceso, hasta que el Tribunal de Impugnaciones confirmó definitivamente la elevación a juicio.
El proceso tendrá además una carga política significativa: Ramírez será la segunda funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción, después de la condena dictada contra el ex ministro de Seguridad Claudio Latini, hallado culpable de peculado por trasladar bienes del Estado a su domicilio particular en los últimos días de aquella gestión.
El testimonio de Rodríguez Saá
Uno de los momentos centrales del juicio será la declaración del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien fue citado como testigo por la defensa de Ramírez.
Su testimonio está vinculado a uno de los hechos investigados: el subsidio estatal que permitió la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club.
Durante su gestión, el entonces mandatario firmó el decreto que autorizó la transferencia de fondos para concretar esa operación, por lo que su declaración podría aportar detalles sobre el procedimiento administrativo que culminó con la adquisición del vehículo.
En las últimas horas trascendió que Rodríguez Saá estaría evaluando realizar un viaje al exterior durante los días en que se desarrollará el debate, lo que podría complicar su presencia en el tribunal.
Además del ex gobernador, también figuran en la lista de testigos el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo —quien también enfrenta imputaciones por corrupción—, el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios del área de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en la tasación del vehículo investigado.
Las maniobras bajo investigación
La acusación fiscal se concentra en dos ejes principales.
El primero refiere a 188 transferencias de fondos públicos que habrían sido destinadas al San Luis Fútbol Club, una entidad creada en 2022 y presidida por la propia Ramírez.
Según la investigación, esos recursos habrían sido utilizados para cubrir distintos gastos del equipo, entre ellos transporte, alojamiento, indumentaria y equipamiento.
El segundo hecho investigado es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 mediante un subsidio estatal de $290 millones.
La tasación oficial determinó que el valor real del vehículo era de $114 millones, lo que implicaría un sobreprecio cercano a los $175 millones.
Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la ex funcionaria utilizó su posición dentro de la Secretaría de Deportes y del Ente Deportes para favorecer a una institución que ella misma dirigía, configurando un presunto caso de uso indebido de recursos públicos.
