La mañana de este lunes en la sala de los tribunales de Villa Mercedes destinada a una nueva audiencia por el caso Molino Fénix no faltó nadie. A diferencia del jueves pasado, ningún imputado se ausentó escudándose detrás de problemas de salud, ni expidió certificados médicos poco sólidos. Comparecieron todos los acusados: la ex diputada albertista Anabela Lucero, su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán y los exfuncionarios Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres. Fueron citados no para tratar otro planteo para la devolución de teléfonos y otros dispositivos informáticos secuestrados, ni tampoco una nueva apelación que solo prolonga casi indefinidamente el trámite penal. Celebraron una nueva audiencia porque la fiscalía les imputó nuevos delitos, relacionados a presuntas maniobras de corrupción durante la administración de la Casa de la Música que derivaron en el vaciamiento del emblemático complejo.
Cuando el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, les preguntó a los imputados si alguno deseaba declarar, a diferencia de las anteriores oportunidades, la exlegisladora de Rodríguez Saá respondió afirmativamente. «Soy inocente, por supuesto», afirmó antes que nada. Denunció que, detrás de las denuncias, hay una persecución política, impulsada por «una mano negra» que se reactiva cada vez que ella debe participar en alguna actividad partidaria y que para entender la causa «hay que meterse en la mente de un psicópata», porque todo lo que la rodea es digno de «una película de Netflix».
En un relato desestructurado cronológicamente, sostuvo que las denuncias en su contra no tienen razón de ser, pues ella se define como una dirigente política y no como una funcionaria. Argumentó que todos los delitos por las que está imputada (a saber, «peculado», «administración fraudulenta», «abuso de autoridad» y «malversación de caudales públicos») son aplicables a un funcionario, rol que ella no desempeñó.
Mencionó que entre 2018 y 2019 se ocupó de la administración del Molino Fénix, pero que desde ese último año hasta el 2023 siguió adelante solo como dirigente política. Luego trató de explicar que ese lugar, como cualquier «ente concentrado», opera en base a un reglamento, aprobado por el Poder Legislativo y a través del cual «se articulan distintas proyecciones desde lo social, cultural, deportivo, musical».
Dijo eso y manifestó que para hacer una denuncia, como la que motorizó la causa en la fiscalía de Instrucción 3 de Villa Mercedes, no hay que hacerlo sin saber cómo «funciona la administración pública».
Después, sin dar nombres, pero refiriéndose siempre a otros en tercera persona, habló de que en las sombras de la causa Molino Fénix detecta «maniobras oscuras», que de alguna manera dejan mal parado al Poder Judicial. Sostuvo que esas maniobras se reactivan y logran que la justicia fije una nueva audiencia en su contra cada vez que «hay alguna actividad partidaria» en la que ella, como dirigente política, tiene planificado participar. «Es preocupante porque la justicia no debe mancharse con cuestiones políticas. Como ciudadana me preocupa porque sigo siendo una dirigente política, pero no he sido funcionaria y la mayoría de los cargos que pretenden imputarme son de la función pública», enfatizó.
A continuación, tomó aire, se hizo los cabellos hacia atrás y con la cabeza en alto afirmó que la causa «parece una película de Netflix» y que para entenderla «hay que meterse en la mente de un psicópata, que pretende tener el control y hacer tener miedo en cada una de las instancias» a sus víctimas. Manifestó estar harta del fiscal Olguín y de sus declaraciones entorno a ella en los medios de comunicación. «Vengo denunciándolo por hostigamiento porque me he cansado de escucharlo en los medios diciendo que soy culpable, ejerciendo violencia y un ensañamiento permanente hacia mi persona, cuando no tiene causa», criticó.
Remarcó que, aunque no quiere tildarse «de víctima», el fiscal instructor claramente ejerce sobre ella «violencia de género». «Eso es grave, porque nadie ve detenidamente mi situación», manifestó y comentó que está a la espera de que el procurador de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, «se decida a impulsar» la denuncia que le presentó al respecto junto con un supuesto libro, con más de 6 mil artículos periodísticos, que buscan destruir su imagen, según ella.
