Un juez federal de La Plata ordenó la suspensión del decreto 116/2025 del presidente Javier Milei, que dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, y prohibió toda acción administrativa tendiente a su implementación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La medida cautelar fue dictada en una causa iniciada para investigar la legalidad de la privatización.
El juez Alejo Ramos Padilla sostiene en su fallo que la transformación del BNA en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley 27.742, conocida como ley Bases, que explícitamente excluyó al banco de la lista de entidades sujetas a privatización. Además, resaltó que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobado por el Congreso Nacional, señala el diario Ámbito financiero.
La medida se adopto en respuesta a una presentación de un grupo de trabajadores del banco, quienes argumentaron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo representa un «intento solapado» de privatización. En su resolución, el magistrado destaco que el BNA es una entidad autárquica cuya creación y eventual modificación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, y que el Ejecutivo podría haber excedido las facultades delegadas por el Congreso.
El decreto cuestionado establecía que el BNA pasaría a operar bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y enmarcaba la transformación dentro del proceso de reorganización estatal promovido por el Gobierno. Asimismo, habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir el capital social de la nueva sociedad y a dictar las normas complementarias para su funcionamiento.
El juez considero que la medida cautelar interina era necesaria ante la posibilidad de que la transformación del banco en sociedad anónima derive en la perdida de su carácter publico y permita la eventual incorporación de capitales privados, lo que podría generar «consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles».
La decisión judicial establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y les otorga un plazo de cinco días para presentar un informe detallando el interés publico comprometido en el caso.
La Justicia frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima
El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida contra el decreto 116/25. Y solicitó al Gobierno que elabore un informe sobre el interés público que justifique la decisión.
