Verónica Alejandra Acosta tiene una cuenta bancaria cuyo único ingreso que recibe es el dinero de la cuota alimentaria cada mes. Esta semana algo fuera de lo común le pasó. Desde el Gobierno de San Luis en lugar de transferirle lo correspondiente al beneficio social le depositaron más de 500 millones de pesos. La operación obviamente fue un error, pero eso no evitó que la mujer se apropiara del efectivo como si fuera de ella. Apenas detectaron la transferencia errónea y el hecho de que parte de lo depositado había sido ya utilizado, el fiscal de Estado denunció a Acosta, pidió el bloqueo de la cuenta y el Gobierno ya logró recuperar gran parte de la plata, el 91%.
El fiscal de Estado de la Provincia, Víctor Endeiza, fue quien denunció a la mujer ante la Unidad de Abordaje Fiscal de Villa Mercedes. Así le iniciaron una causa por los delitos de “Estafa” y “Apropiación de cosa ajena”, tal como lo disponen los Artículos 172 y 175, inciso 2, del Código Penal. De acuerdo a la presentación judicial ella actuó de manera dolosa, porque utilizó una suma de dinero a sabiendas de que era ajena a sus haberes mensuales. “Es claro que la denunciada no puede esgrimir error al hacer uso de la suma indicada”, sostiene la denuncia.
El Gobierno de San Luis le había transferido 510.236.811,78 pesos. El error fue detectado al día siguiente por el Tesorero General de la Provincia, Walter Valenzuela. De inmediato se comunicó con el Banco Nación y requirió el bloqueo de la cuenta bancaria de la beneficiaria. En ese momento la cuenta tenía como saldo de 465.690.542,57 pesos. Eso significaba que la ahora denunciada había alcanzado a usar unos 44.546.269,21 pesos.
El dinero que le giraron correspondía, en verdad, a una partida completa de cuotas alimentarias que les habían retenido a empleados públicos. Ese procedimiento es efectuado cada mes por orden judicial o acuerdos ante el Centro de Mediación Judicial. Los descuentos a los empleados se hacen por orden de la Justicia, en los porcentajes que son señalados “o cuando las partes arribaron a un acuerdo en el Centro de Mediación Judicial y extrajudicial, y solicitan la retención al Estado”, fundamenta la denuncia.
