Si uno de los pilares de la gestión es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, “un funcionario público no puede estar de los dos lados del mostrador. Si consume una droga ilegal la adquiere en un circuito ilegal”, sintetizó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, sobre la implementación, por segundo año consecutivo, de la llamada Ley del Narcotest a funcionarios y personal de salud y seguridad.
Además, la norma sirve “para garantizar la idoneidad del personal en el ejercicio del cargo”, argumentó Bazla, quien ofreció una conferencia de prensa junto al decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Sebastián Andújar.
Los análisis estipulados por la ‘Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública’ se desarrollarán en el curso de 2026, aunque las autoridades optaron por no dar precisiones del inicio de la toma de muestras.
Este año aumentará el número de personas incluidas en los análisis. En 2025 se realizaron 1.909 análisis. Este año se incrementó tanto el universo como la cantidad de pruebas que se harán. El universo estará conformado por 12.200 personas, de las cuales 1.800 son funcionarios públicos que pertenecen a los tres poderes del Estado, 4.500 son policías, 5.250 profesionales de la salud y 650 son agentes penitenciarios.
De ese número global se seleccionarán 5.800 personas: 2.000 efectivos policiales (incluyendo a cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Juan Pascual Pringels’ y suboficiales que se incorporen a la fuerza y Servicio Penitenciario Provincial), 2.000 trabajadores de la salud y 1.800 funcionarios públicos. Serán avisados con 24 horas de anticipación.
El Gobierno Provincial solo afronta el costo por los estudios de policías, penitenciarios y personal de la salud. Ello implica un desembolso de $110 millones al año. Por otro lado, Bazla informó que la Ley de Narcotest se implementará también al personal de los municipios de Merlo y La Punta.
Bazla dijo que se harán sorteos semanales en la Caja Social. Quienes salgan elegidos tendrán que asistir al laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para que le tomen su muestra de orina. La toma de muestras se realizará semanalmente en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la UNSL (Rivadavia 1.359) y en el Hospital Pediátrico en la ciudad de San Luis. Y en la ciudad de Villa Mercedes en dos laboratorios dentro del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’.
Las pruebas son obligatorias y aleatorias, es decir, que la elección para determinar el orden de las y los funcionarios que deben concurrir a los análisis, es por azar, mediante sorteo, explicó Bazla.
Del total de pruebas realizadas en 2025, que fueron 1.909, hubo 48 resultados positivos, 40 por exceso de drogas legales y las restantes por consumo de drogas ilegales. De esos casos, tres corresponden a personal de Ejecutivo Provincial: dos por uso de marihuana (justificado por tratamientos médicos con la acreditación de consumo de aceite de cannabis y con autorización para el cultivo), y un caso de consumo de cocaína, que determinó que el Gobernador dictara el cese de tareas del funcionario.
Costos y modalidad
Los costos por análisis están a cargo de cada funcionario: la prueba tiene un valor de $27.000. En tanto que en caso de resolver hacer la contramuestra, al estudio lo hace la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene un valor de $140.000.
Ante un caso positivo, si se determina en las pruebas el nivel de toxicidad y adicción, los especialistas del Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), definirán la estrategia de contención adecuada. Y se puede adoptar desde el Ejecutivo medidas sancionatorias como la licencia de funcionario, la suspensión hasta su recuperación o el cese.
Pioneros y con normas internacionales
Andújar sostuvo que los análisis presuntivos se realizan dentro del marco de normativas internacionales. Se toma muestra de orina y se constata que sea recolectada correctamente. Los bioquímicos matriculados de la UNSL hacen el análisis. Según marca la ley, el resultado debe ser informado a la autoridad de aplicación en el periodo de una semana.
Existe una declaración jurada que las personas completan, pero que es anónima. No llevan el nombre de la persona para preservar la identidad. “Solo debe indicar si consume algún medicamento o no, es decir, si está bajo algún tratamiento médico” explicó.
El análisis presuntivo se hace mediante tiras reactivas. Se escanea para saber si hay en la orina indicios de 10 sustancias, entre ellas, algunas legales (por ejemplo, derivados de benzodiacepinas) y otras ilegales, como cocaína, marihuana y drogas sintéticas.
Si el resultado es positivo, la persona puede solicitar la confirmación, con un estudio de muy alta precisión que se hace en San Luis. Y si da de nuevo positivo, se hace la contra muestra en la UBA.
Andújar informó que en cinco provincias más se está aplicando la ley. Resaltó el trabajo realizado por la Agencia de Ciencia Tecnología y Sociedad, a cargo de Pablo Guerriero, en cuanto al procedimiento, que garantiza el anonimato de las personas que se hacen el análisis. Y Bazla destacó que “San Luis es pionera en este tipo de ley”.
