No le faltó nada. A Pablo César Martín la fiscalía de Villa Mercedes, que lo investiga desde mediados del año pasado, por un ápice, no le echó encima todo el Código Penal Argentino respecto a delitos referentes a violencia de género y, como si con eso se quedara corto, también uno de naturaleza sexual. Su expareja, la persona con la compartió 16 años de relación, no pudo soportar ni un minuto todo lo que le hizo padecer. En junio pasado la atacó por última vez. La Policía y luego la Justicia intervinieron para salvaguardarla, pero con el andar de las averiguaciones descubrieron que el hombre, al parecer, le hizo mucho más a quien a la vista de todos era su compañera de vida. La violentó física, psicológica, económicamente y no solo eso, sino que también la violó y hasta llegó a encerrarla para impedir que huyera, argumentó el abogado querellante.
El representante del ahora imputado, por el contrario, desmintió todo y hasta buscó relativizar lo ventilado en contra de su cliente en la audiencia. Dijo que la mujer se lastimó a sí misma y que existieron “situaciones que eran habituales”.
La agresión, el último eslabón de una supuesta cadena de violencia de género, ocurrió el 14 de junio de 2025. Pero recién esta semana el hombre fue llevado ante los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial para que Nayla Cabrera Muñoz, la titular de la Fiscalía en lo Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, con la evidencia suficiente, lo imputara.
Durante la audiencia, presidida por el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, tanto la funcionaria pública como Julio Fernández Triches, el abogado de la mujer agredida, mencionaron varios delitos en los que habría incurrido Martín. Pero, al final, el magistrado halló elementos probatorios, hasta este estadio de la causa, para que sea acusado por “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.
Cabrera Muñoz contó que el 14 de junio en cuestión le pegó una trompada a quien en ese momento era su pareja. Llevaban un vínculo de 16 años marcado por varios episodios de violencia psíquica, ambiental, económica, física y de la clase que fuera posible imaginar. Rastros de ese cuadro de violencia multifacético quedaron plasmados en informes psicológicos y psiquiátricos que le hicieron a la damnificada.
Fernández Triches, además de la agresión psicológica que soportó su clienta, mencionó que estuvo sometida a dominación económica, manipulación, difamación, violencia vicaria, hostilidades que agravaron su salud mental y hasta abuso sexual.
Por eso, al momento de la formulación de cargos, solicitó que también lo imputaran por “privación ilegítima de la libertad” y “abuso sexual con acceso carnal agravada por el vínculo y en contexto de violencia de género”.
La fiscal instructora no dejó pasar ese delito no menor sobre el ataque sexual. Aclaró que, si bien en una ampliación de su denuncia, la víctima habló de que también fue violada por su expareja en ese entonces Cabrera Muñoz no pudo establecer con certeza, pues no contaba con las pruebas necesarias, que el ultraje referido haya existido. Sin embargo, durante la audiencia, señaló que la comisión de ese hecho no está descartada.
Bautista Rivadera, el representante de Martín, rechazó de plano la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF). Por otro lado, sobre el planteo de la querella indicó que la evidencia mencionada por Fernández Triches no forma parte del expediente y en su papel de endilgarle otra serie de delitos el abogado querellante osó desplazar la figura de la fiscal, quien tiene la potestad a través de la acción pública de acusar, todo lo cual “afecta el derecho de defensa” de su asistido.
Respecto a las heridas que marcaron a la denunciante sostuvo que no se las produjo su representado, sino que se las provocó ella misma y que “existieron situaciones que eran habituales”. Finalmente, aseveró que, según él, hay pruebas de sobra que respaldan y dejan ver que los hechos fueron muy diferentes a los que contó la mujer.
Nada de eso bastó para que Martín se librara de las imputaciones más pesadas por las que fue puesto a disposición de la Justicia. No obstante, continuará bajo el proceso penal sin poner un pie en la cárcel de San Luis.
