La Justicia federal le ordenó ayer al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según se pudo confirmar de fuentes judiciales.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
El fallo
En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.
Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.
El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios energéticos
El Gobierno nacional cerró la consulta pública para modificar el esquema de asistencia en los servicios públicos y quedó habilitada la implementación del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El proceso concluyó a las 0:00 del 20 de diciembre de 2025, según la Resolución 592/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Durante quince días hábiles se recibieron aportes de usuarios, distribuidoras, entes reguladores y asociaciones de consumidores. El proyecto prevé la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el PIST, del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
Entre los ejes técnicos se destacan una bonificación de transición para 2026; la Canasta Básica Energética (CBE), definida como un consumo básico según zona bioclimática; y un criterio de ingresos que activa el subsidio cuando el costo de la CBE supera entre el 10% y el 15% del ingreso familiar. El beneficio cubrirá solo ese excedente. Además, se aplicará un control patrimonial mediante cruces de datos sobre inmuebles, vehículos, medicina prepaga y consumos en moneda extranjera.
Las observaciones de la consulta se enfocaron en los topes de consumo subsidiado por región y en la necesidad de atención presencial para evitar la exclusión de hogares sin acceso digital.
El nuevo esquema fija un umbral máximo de ingresos de hasta 3 Canastas Básicas Totales (CBT), equivalente a unos $3.640.000 a valores de diciembre de 2025, reduciendo el límite previo de 3,5 CBT. Quedan excluidos hogares con dos o más inmuebles, vehículos de menos de 10 años (salvo discapacidad), bienes suntuarios o determinados consumos.
Se eliminan las categorías N1, N2 y N3 y el sistema pasa a ser binario: hogares con subsidio y sin subsidio. Los usuarios del RASE serán migrados automáticamente al nuevo RESEF, con auditorías periódicas
