Hay cosas que el dinero no puede comprar. Sobre todo cuando la cifra no alcanza a cubrir el daño y/o perjuicio causado. Fue lo que comprendió un Tribunal de Impugnación que, al igual que el juez de Garantías 2 de Villa Mercedes, Matías Farinazzo Tempestini, le dijo no a la propuesta de reparación económica que Diana Cashiel Gervilla Ward y Fabricio David Raúl Bencirans propusieron para librarse de ser enjuiciados por destruir el techo de un local, cuando la enorme rama de un árbol que podaban se desplomó sobre el comercio, pese a las reiterados advertencias y pedidos de Nicolás Alberto Correa, el dueño del negocio, para que no cortaran el árbol por el peligro que significaba.
A contramano de los números que rigen la realidad de los habitantes de este país, siempre en alza, el dinero que estaban dispuestos a pagar para compensar al damnificado y mitigar la acción penal fue en decrecimiento. Hace tres años, a poco de la desastrosa poda, lanzaron un primer ofrecimiento de 5 millones de pesos. Pero, en su momento, la víctima lo rechazó porque esa cifra no alcanzaba ni para pagar al maestro mayor de obra más accesible. El año pasado los imputados realizaron una segunda tentativa e insólitamente sostuvieron que pondrían sobre la mesa un millón de pesos, es decir cinco veces menos que la anterior propuesta, cuando el arreglo estructural del negocio para esa altura ya ascendía los 13 millones de pesos.
La poda del árbol, de unos cuatro metros de altura, fue en mayo de 2023. En junio del 2025, los acusados ofrecieron el millón de pesos. A través de la defensora oficial Silvia Morán argumentaron que con mucho esmero habían logrado reunir ese dinero. La letrada señaló que ambos eran autores primarios de un delito, en este caso daños, y resaltó que Gervilla Ward era madre de un bebé de nueve meses y que Bencirans vivía de changas. A eso la mujer le sumaría la realización de tareas comunitarias en el comedor «Entre Juegos y Sonrisas», en el barrio Jardín del Sur.
Pero en la resolución de este martes, los jueces María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera, explicaron que la reparación para lograr la suspensión del juicio a prueba debe cumplir con criterios de «razonabilidad biológica, material y moral y reflejar un verdadero esfuerzo acorde a la capacidad contributiva del imputado». Y ese no parecería ser el caso de la pareja, que, según remarcó Gustavo Correa, el abogado del denunciante, cuenta con diversos bienes a su nombre, como inmuebles, una verdulería y hasta una camioneta Ford Ranger.
«La oferta de $1.000.000 resulta manifiestamente insuficiente frente a la magnitud del daño causado», remarcó el Tribunal en su fallo. Los informes periciales dieron cuenta de que los daños estructurales fueron graves porque comprometen la estabilidad del local comercial, de 140 metros cuadrados, que está bajo riesgo de colapso, mencionaron los magistrados.
Durante la audiencia, el abogado querellante recordó que los imputados solo pretendieron dilatar el proceso, con múltiples suspensiones de audiencias e incomparecencias, que ignoraron advertencias previas e indicó que, incluso, intentaron intimidar a su cliente cuando circulaban en su camioneta.
El propio damnificado aseguró que siempre se mostró predispuesto a conciliar, asistiendo a dos audiencias en el Centro de Mediación Judicial, en las que nunca arribaron a un acuerdo «por la falta de una voluntad real de reparar el daño» de parte Gervilla Ward y Bencirans. Si la pareja se hiciera cargo de arreglar el comercio, al que le rompieron una viga y el techo, Correa ya no insistiría con llevar la causa a juicio, pero en vista de que eso no está ni en miras de suceder, no quiere otra salida que no sea el debate oral.
