La titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica – CREE – y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36, Laura Giumelli, envió una nota a los legisladores nacionales que representan a la provincia de San Luis, donde expresa la preocupación que genera y los perjuicios que sufrirían los sanluiseños, en el caso de aprobarse el proyecto de ley que deroga parte del articulado de la Ley N° 27.637 conocida como de Zona Fría.
La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei será tratada el próximo miércoles por la Cámara de Diputados de la Nación. Propone reducir la Zona Fría del país a la Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que implica quitarle el beneficio de ese subsidio a San Luis, que lo recibe desde 2021.
En el informe enviado a los diputados nacionales Ernesto Ali, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández y a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino, se expone el perjuicio que significa para los habitantes de la provincia de San Luis la aprobación del citado proyecto de Ley.
Nota enviada a los legisladores nacionales por la titular de la CREE
San Luis, 18 de mayo de 2025.
Sres. Legisladores
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36 en relación al proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo nacional mediante Mensaje N° 137-2026 que contempla una serie de “Medidas Energéticas” , entre las cuales está la derogación de parte del articulado de la Ley N° 27.637 de “Zona Fría”.
La Ley de Zona Fría propiciaba la segmentación bioclimática para la asignación de subsidios al gas natural y que categorizaba a casi todos los Departamentos de la provincia de San Luis, como tal y que, a la luz de la norma elevada, perdería su condición de tal, donde los usuarios gasíferos, perderán el subsidio, a pesar de que muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país.
San Luis ha destinado importantes inversiones a la ampliación de su red gasífera, sin ayuda nacional, para brindar acceso a los usuarios al gas natural y mejorar la calidad de vida -además de alternativas productivas-, que ahora verán impactado fuertemente sus economías domésticas, en muchos casos poniéndolos en situación de pobreza energética[1], ya que el impacto del aumento del precios eléctricos y gasíferos, se potencian.
La focalización de subsidios es un largo camino que no sólo depende de la situación de vulnerabilidad socio-económica de quienes los reciben, también del lugar que habitan y de los energéticos que disponen como opciones para cubrir sus necesidades calóricas. Es precisamente este trabajo el que falta y que el régimen de “Zona Fría” habilitaba para los usuarios provinciales y que se le niega, impactando en gran parte de los usuarios entre en montos mensuales que oscilan entre pesos 10.000 y 40.000 antes de impuestos/mes, para las pequeñas residenciales.
Creemos que el debate en relación al acceso, inversiones, precios y tarifas en materia energética tiene que ser articulado a partir de múltiples parámetros, con participación efectiva de las provincias, donde la diversidad bioclimática y el acceso a los servicios es una parte esencial del debate. Sin embargo, el proyecto de Ley persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas, del análisis integral y de una planificación federal que permita la cobertura de las necesidades calóricas de la población.
Manifiesto la preocupación que genera los cambios de política energética en materia de acceso y asequibilidad para los usuarios, que, de no cubrir sus necesidades con gas naturales lo hacen a partir de energía eléctrica – con la consiguiente presión sobre las necesidades de infraestructura, y, lo que es más dañoso, con GLP cuyo acceso y precio es aún más volátil y caro.
Aprovecho la oportunidad para señalar que las provincias – y menos San Luis- no ha generado “activos regulatorios” a favor de la concesionada, por lo que no es observable que con dinero nacional se compensen créditos a favor de CAMMESA cuando las provincias pagadoras, no reciben beneficios y, además ven disminuida su masa coparticipable- toda vez que las deudoras aplicaron los créditos fiscales y no pagan los débitos, generando perjuicio a los usuarios pagadores y al Fisco.
Agradeciendo su atención al respecto, le saluda muy atentamente.
[1] Si bien no hay una definición técnica, la pobreza energética se define como la asignación de más de 10% del ingreso doméstico para cubrir los requerimientos energéticos.
